Proyecto de ley para penalizar la defraudación fiscal llegó al primer debate

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La Asamblea Nacional inició este jueves 26 de abril el debate del proyecto de  Ley Nº 591 que propone la penalización de la defraudación fiscal, una iniciativa  que permitirá blindar al centro financiero así como a las actividades logísticas y de servicios legales  de Panamá contra el posible uso de la evasión fiscal y el lavado de dinero.

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, señaló que la tipificación de  defraudación fiscal como delito es urgente debido a que el incumplimiento de las normas internacionales establecidas  conlleva serias consecuencias para una economía basada en servicios legales, financieros y logísticos como la panameña.

La Recomendación 3 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluye una gama de crímenes fiscales entre los delitos que deben tipificarse como  precedentes al blanqueo de capitales. La última evaluación que realizó este grupo a Panamá recomendaba firmemente la evasión fiscal como precedente de lavado de activos.

En 2014,  tras la inclusión de Panamá  en una “lista gris” de GAFI,   la banca nacional perdió relaciones de corresponsalía, lo que provocó que  muchos bancos  no pudieran realizar transacciones internacionales.

De La Guardia subrayó que la penalización de la defraudación fiscal es controversial, pero que el debate debe hacerse responsablemente,  para ser abordado como un tema de Estado.

La referencia como controversial podría deberse a que ya grupos han señalado su desacuerdo con el tema alegando que esta puede ser una herramienta  para persecución política, También otro grupo de empresarios como la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) había solicitado que se elevara el monto por el cual se estaría considerando delito.

La propuesta establece como delitos aquellos montos que superan los US$300 mil dentro de un periodo fiscal, los ejecutivos en Apede pedían que se elevara al menso a US$500 mil.

La propuesta además  establece que será el Tribunal Administrativo Tributario, la instancia que referirá los casos al Ministerio Público.