Dr. Eric Molino Ferrer Economista
En 1994, el alcalde de Nueva York Rudy Giuliani y el comisionado de la Policía William Bratton implementaron CompStat, un sistema de gestión que permitiría evaluar la efectividad de cada comisaría en reducir la criminalidad. Cada semana, los jefes de distrito eran evaluados con un indicador claro: menos delitos reportados, mejor desempeño. Pese a que los números ayudaban a vender la narrativa de que la ciudad era más segura, la percepción era que el crimen no se había reducido. Luego de múltiples auditorías, la realidad era que crímenes graves eran reclasificados como faltas menores, se disuadía a víctimas para no aumentar los registros y se manipulaban reportes para cumplir con la meta.
A inicios de los 2000, el gobierno de Tony Blair introdujo el sistema de gestión orientado en resultados para el Servicio Nacional de Salud, estableciendo metas rígidas de tiempo máximo de espera para urgencias y consultas. Al paso del tiempo, las cifras oficiales mostraron una reducción en los tiempos de espera, por lo que el gobierno proclamó la medida como un éxito. Sin embargo, estudios posteriores mostraron que la razón por la cual los tiempos mejoraron no era por un mejor servicio, sino todo lo contrario. Los hospitales mantenían a pacientes en ambulancias para detener el reloj, a algunos los trasladaban de área y a otros, incluso, los daban de alta prematuramente.
Al mismo tiempo, pero de vuelta en EE. UU., se crea el programa No Child Left (“Ningún niño dejado atrás”). El programa establecía que las escuelas públicas podrían perder fondos públicos o enfrentar intervenciones si sus estudiantes tenían bajos desempeños académicos en exámenes estandarizados. A este punto, el lector ya puede anticipar qué ocurrió. Tratando de “optimizar” los resultados, los profesores comenzaron a enfocarse en enseñar solo temas evaluados en el examen y hasta excluían a alumnos con bajo rendimiento de las pruebas para mejorar el promedio. El programa fue eventualmente reemplazado en 2015 por el Every Student Succeeds Act, que incluía otros indicadores como asistencia, clima escolar, tasa de graduación y progreso de estudiantes.
Pese a tener intenciones nobles, estos casos y muchos otros siguen el fenómeno conocido como la Ley de Goodhart, en nombre del economista británico Charles Goodhart, quien proclamaba: “cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida”. En otras palabras, cuando la motivación es cumplir con un indicador, los agentes buscarán la manera de que lo que se mide refleje el objetivo al que se quiere llegar.
Es el principio más básico de la economía, pero uno que nuestras autoridades parecen no entender: las personas actúan basadas en incentivos. La acción humana no puede diseñarse por decreto. Por más que se trate de legislar como si un técnico programase un algoritmo o un ingeniero configurase un sistema, cada individuo actuará de acuerdo con sus intereses y sus capacidades. Esto es relevante cuando consideramos que, en nuestro país, tratamos de arreglar nuestros problemas con nuevas leyes en lugar de gestionar la causa raíz de estos.
Recientemente hemos visto en la Asamblea Nacional cómo han salido propuestas de leyes buscando resolver problemas martillando resultados. Desde aumentarle el porcentaje de descuentos a los jubilados, descuentos obligatorios en seguros por buen manejo, hasta nuevas leyes de asignarle mínimos del PIB al sector salud. Todas, a primera vista, con un espíritu de carácter moral virtuoso, pero con claras consecuencias negativas a quienes tratan de presuntamente ayudar. Transferirle al sector privado la carga de nuevos descuentos a jubilados crearía, por ejemplo, desabastecimiento de ciertos medicamentos al ser no rentables. Una obligación a la reducción de primas causaría que se cancelen anticipadamente las pólizas antes de que se cumpla el plazo para calificar para la reducción. Asignarle dinero adicional a una institución no significa que se lo gastará eficientemente, como ya lo ha demostrado el Ministerio de Educación. Tirarle dinero a salud sin criterios de su uso fácilmente puede malgastarse, por ejemplo, en planilla, si el objetivo es que solo se debe asignar X % del PIB al presupuesto.
Por supuesto, como decía Milton Friedman: debemos juzgar las políticas públicas por sus resultados y no por sus intenciones. No obstante, como dice el viejo refrán, el diablo está en los detalles. Debemos ser cuidadosos a la hora de establecer objetivos. Enfocarnos en cumplir con una métrica o indicador y no en el proceso nos lleva a caer en la Ley de Goodhart y a crear nuevos problemas mientras celebramos la ilusión del éxito.
Dr. Eric Molino Ferrer Economista Presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción
El Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), capítulo de Panamá, es un think tank, comprometido con la defensa de la democracia, la libertad económica, la iniciativa privada y el desarrollo de Panamá. La organización está conformada por empresarios y profesionales de todas las ramas, que de manera voluntaria donan su tiempo, conocimientos y experiencia en beneficio de Panamá. https://cicyppanama.net/
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