Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
Panama Ports Company (PPC) anunció el inicio de un arbitraje internacional contra el Estado panameño, luego del. fallo de la corte que declaró inconstitucional su contrato de concesión para la operación de puertos en las riberas del Canal de Panamá.
En su comunicación, la empresa señaló que el arbitraje responde a lo que describe como “una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión, a través de un año marcado por una serie de acciones abruptas por parte del Estado panameño, que culminaron en daños graves y daños adicionales inminentes a PPC, mientras que no se han dirigido contra contratos similares en el sector portuario”.
PPC indicó que, como parte del arbitraje, solicita una indemnización basada en una evaluación de datos financieros relevantes, además de otros remedios, y que tanto la empresa como sus inversionistas se reservan todos sus derechos.
El anuncio del arbitraje se produce luego de que, el pasado jueves 29 de enero, la Corte Suprema de Justicia de Panamá decidiera declarar inconstitucional el contrato de concesión que mantiene PPC para operar puertos los Puertos de Balboa y Cristobal luego que el contralor Anel Bolo Flores demanda presentada presentará en el 2025 una demanda como resultado de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República de Panamá, que alegó irregularidades en la extensión por 25 años de la concesión otorgada en 2021.
COMUNICADO DE PANAMA PORTS COMPANY, S.A. (PPC)
Panamá, 3 de febrero de 2026
Panama Ports Company S.A. (PPC) informa que comenzó arbitraje en contra de la República de Panamá el 3 de febrero de 2026, en virtud del contrato de concesión aplicable y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
El inicio del arbitraje por parte de PPC se produce tras una campaña del Estado panameño dirigida específicamente contra PPC y su contrato de concesión, a través de un año marcado por una serie de acciones abruptas por parte del Estado panameño, que culminaron en daños graves y daños adicionales inminentes a PPC, mientras que no se han dirigido contra contratos similares en el sector portuario.
El arbitraje también se presenta tras los extensos esfuerzos de PPC a lo largo de un año para consultar y evitar disputas. Mientras diligentemente llevaba adelante las operaciones portuarias y cooperaba de múltiples maneras con el Estado panameño, PPC a través de diversas comunicaciones, también ha transmitido consistentemente sus preocupaciones sobre la campaña del Estado al ésta irse desarrollando, buscando sin éxito claridad y consultas para evitar la necesidad del arbitraje. En cambio, a lo largo del año pasado, desde el inicio del presente año e incluso en los días recientes, el Estado panameño ha rutinariamente desestimado las comunicaciones, esfuerzos de consulta y solicitudes de claridad.
El arbitraje se basa en el contrato de concesión y el marco jurídico que se ha plasmado durante casi tres décadas como un “contrato-ley”, proporcionando seguridad jurídica y respeto a largo plazo del marco legal y contractual aplicable. La República de Panamá ha incumplido el Contrato y ley aplicables. PPC pide una indemnización amplia basada en una evaluación de datos financieros relevantes, sujeta a una pronta resolución, y ciertos otros remedios, según resulte necesario. PPC y sus inversionistas continúan reservándose permanentemente todos sus derechos.
Como trasfondo del arbitraje, y en adición a los demás aspectos de su campaña, durante el último año, el Estado panameño optó por revertir sus posiciones sostenidas durante largo tiempo con respecto al marco jurídico y contractual, incumplió sus obligaciones bajo el contrato y dio inicio, impulsó y/o respaldó procedimientos legales destinados a destruir el contrato de concesión, el cual fue el resultado de un proceso de licitación internacional transparente.
Como PPC ha informado, el Poder Judicial de la República de Panamá emitió un comunicado de prensa irregular en la noche del 29 de enero de 2026 tras el cierre de la Corte Suprema de Justicia, con relación a un fallo que declaraba inconstitucional la Ley Nº 5 de 16 de enero de 1997, entre otras leyes e instrumentos relevantes. Tal resultado es diametralmente opuesto a decisiones anteriores dictadas por la Corte Suprema con relación a contratos similares al contrato de PPC. El fallo judicial aún no se ha publicado ni ha entrado en vigor.
Desde temprano en la mañana siguiente al comunicado de prensa judicial, el Estado panameño declaró y ampliamente desplegó pasos para tomar el control de las operaciones de PPC. Con varias referencias al fallo judicial que no ha sido publicado, los pasos que tomó el Estado han incluido visitas inesperadas e instrucciones para que PPC, empresa privada, proporcione acceso irrestricto a propiedad física, comercial, intelectual e información, así como a sus empleados, sobre la base de que el Estado implementa “sistematizar y ejecutar” un “plan” de transición de los puertos a través de “acciones coordinadas” de las autoridades estatales.
PPC ha continuado gestionando las operaciones portuarias e interactuando respetuosamente con los representantes del Estado, incluyendo la solicitud de acceso al plan referenciado y oportunidades para consultar y coordinar. Como PPC ha destacado, PPC y su inversionista, han invertido ampliamente en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, una cantidad múltiple veces mayor que la inversión realizada por cualquier otro operador portuario en el país. Estas inversiones han generado miles de empleos directos e indirectos y han sido determinantes para establecer a Panamá como un puerto y centro logístico reconocido a nivel mundial, atrayendo a las principales líneas navieras del mundo y generando un impacto positivo para toda la nación.
A pesar de los acontecimientos recientes, PPC reitera enérgicamente su invitación al Estado panameño para proporcionar claridad y consultas para resolver este asunto.
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