Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó que el país no volverá a otorgar una sola concesión para la operación conjunta de los puertos de Balboa y Cristóbal, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión vigente.
Durante su conferencia semanal, el mandatario adelantó que el nuevo esquema será distinto y que cada puerto será tratado por separado cuando el Estado defina el modelo de concesión que se aplicará una vez concluya el periodo de transición.
Mulino explicó que, terminado ese proceso, Panamá evaluará bajo qué esquema se administrarán los dos puertos y recalcó que “no volverá a haber una concesión de dos puertos bajo una misma empresa”. Señaló que la decisión forma parte de una estrategia diseñada con anticipación y que responde al nuevo escenario jurídico generado por el fallo de la Corte.
El presidente aclaró que, mientras la sentencia no esté ejecutoriada, Panama Ports Company continúa operando con normalidad, tal como lo ha hecho en las últimas semanas, y que no se ha producido ninguna alteración en las operaciones portuarias. Indicó que el periodo de transición comenzará una vez el fallo esté en firme y será administrado por el Estado panameño conforme a lo anunciado previamente.
Al ser consultado sobre el porqué APM terminals filial de Maersk habia sido designada para la transición En ese contexto, Mulino señaló que Maersk es un actor relevante durante la etapa de transición debido a que es el principal usuario del puerto de Balboa y cuenta con experiencia operativa a escala mundial.
Explicó que la relación con esta empresa se dará en el marco del control y administración temporal de los puertos, mientras el Estado define, más adelante, el esquema definitivo de concesión.
El mandatario también se refirió al arbitraje anunciado por el conglomerado Hutchison, al indicar que la empresa tiene derecho a acudir a esa instancia, así como Panamá tiene derecho a defenderse. En ese sentido, rechazó de forma categórica la afirmación de que el Estado panameño haya hostigado o amenazado a la empresa durante un año, como fue planteado en el comunicado emitido por Hutchison al anunciar el arbitraje.
También dijo que Panamá es un país digno y no dejaría amenazar por ningún otro. Esto en referencia alas declaraciones que proviene de China y Hong Kong tras el fallo.
Finalmente, Mulino reiteró que la estrategia del Gobierno no fue improvisada y que se trabajó durante un año en distintos escenarios posibles. Señaló que el objetivo es garantizar estabilidad al mercado naviero y a la comunidad portuaria, y aseguró que Panamá actuará con responsabilidad y soberanía en las decisiones que adopte sobre la administración futura de sus puertos.
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