Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
La concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por el grupo hongkonés CK Hutchison, quedó definitivamente sin efecto luego de que el fallo que la declaró inconstitucional fuera publicado en la Gaceta Oficial.
Con esa publicación, de 70 páginas, la decisión judicial quedó ejecutoriada y la empresa perdió formalmente el sustento legal para continuar bajo el esquema vigente.
Igualmente hoy el gobierno ordenó la «ocupación temporal, por motivo de interés social urgente, por parte de la Autoridad Marítima de Panamá, de todos los bienes muebles, lo cual incluye sin que sea limitado este enunciado, grúas, vehículos a motor de cualquier índole, computadoras, programas, software, y demás bienes de cualquier naturaleza, que se encuentren dentro o fuera de las instalaciones de los Puertos de Balboa y Cristóbal, que sean necesarios, según disponga y así lo requiera la Autoridad Marítima de Panamá, para mantener la operación continua y segura de los Puertos de Balboa y Cristóbal».
El 29 de enero, el Pleno de la Corte declaró inconstitucional la ley que aprobó el contrato otorgado a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison. La resolución también anuló la prórroga aprobada en 2021, dejando sin validez la extensión de la concesión que permitía a la compañía mantener la administración de las terminales ubicadas en ambas entradas del Canal de Panamá.
La decisión se produjo tras la presentación de dos demandas de inconstitucionalidad: una interpuesta por dos abogados y otra promovida por el Contralor General de la Nación.
PPC había asumido la operación de estos puertos en 1997, cuando el Estado le adjudicó la concesión mediante una ley de la República. Con posteriores modificaciones y extensiones contractuales, la empresa mantuvo el control de las terminales por más de dos décadas.
Luego del fallo, el gobierno informó que las operaciones portuarias continuarán con normalidad y que se garantizará la estabilidad laboral durante la transición. Asimismo, anunció que APM Terminals, filial del grupo danés A.P. Moller-Maersk, asumirá temporalmente la administración de las terminales mientras se organiza un nuevo proceso de licitación.
En paralelo, la empresa vinculada a Hutchison expresó su desacuerdo con la decisión y comunicó que acudirá a arbitraje internacional para reclamar posibles daños derivados de la terminación del contrato, sin precisar montos. También advirtió que podría emprender acciones legales contra APM Terminals si asume la operación, mientras que esta última respondió que no forma parte del proceso judicial.
Un vocero de Panamá Ports la semana pasada dijo en medios de comunicación que la empresa buscaba un acuerdo con el gobierno de Panamá para seguir operando.
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