Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
Panamá defendió este jueves su registro marítimo ante el aumento de detenciones de buques con bandera panameña en puertos de China, mientras el presidente José Raúl Mulino advirtió sobre la creciente preocupación en el sector logístico y aseguró que su prioridad es evitar que la presión geopolítica afecte la competitividad del principal registro naviero del mundo.
Según datos del Port State Control Committee del Tokyo MOU, de 160 detenciones registradas del 1 al 30 de abril en puertos chinos, 132 correspondieron a embarcaciones con bandera panameña.
“Escaló mucho y cierto, yo tengo múltiples quejas, yo tengo amigos navieros en distintas partes del mundo. Y sí hay preocupación… mi deber es prevenir que eso se dé. Hacerlo propio como presidente de Panamá para que no abandonen el registro. Pero esto es un negocio”, afirmó Mulino durante su conferencia semanal.
El mandatario reconoció que las detenciones han aumentado de forma “exponencial” y sostuvo que Panamá ya presentó reiteradas quejas ante las autoridades portuarias chinas.
“Es un tema sin duda complejo y escabroso. Como gobierno nacional hemos puesto reiteradas quejas ante las autoridades de puertos chinos”, dijo.
“El tema de las detenciones sí ha aumentado exponencialmente. Mucho. No es normal… Eso no es casual. Eso no es fortuito”, señaló Mulino, quien calificó la situación como un mensaje político en medio de tensiones internacionales.
El presidente insistió en que Panamá ha quedado atrapado en la disputa entre Estados Unidos y China, particularmente tras el conflicto generado por los puertos de Balboa y Cristóbal.
“La relación con China no es un problema de Panamá con China… Nosotros estamos en una marea que nos lleva producto de un problema de dos grandes: Estados Unidos con China”, afirmó.
La tensión se remonta a 2025, cuando el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el Canal de Panamá estaba bajo influencia china por la presencia de CK Hutchison en los puertos operados por Panama Ports. Posteriormente, una auditoría de la Contraloría derivó en un proceso judicial que culminó el 29 de enero, cuando la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la concesión de la empresa hongkonesa.
Mulino defendió esa decisión como una obligación legal del Estado panameño.
“Lo que hicimos con esos puertos era lo que había que hacer en función del derecho panameño. Se acabó el contrato de Panama Ports por una orden de la corte y Panamá tenía que asumir el control de esos dos puertos inmediatamente”, sostuvo.
Tras ese fallo, Panamá entregó la operación temporal por 18 meses a TIL, filial de MSC, y APM Terminals, de Maersk, mientras desarrolla una nueva licitación.
Mulino también reveló que recibió una comunicación de alto nivel del gobierno chino a través de su embajada, en la que Beijing reconoció que la controversia por los puertos se desarrolla en tribunales arbitrales de Nueva York.
“Yo no quiero que esto escale. Por un conflicto geopolítico que nos usen ahora a nuestras naves de bandera panameña para tratar de meter presión. Creo que eso no es justo”, dijo.
Panama Ports mantiene arbitrajes por US$2,000 millones contra el Estado panameño y otro proceso contra Maersk, mientras Panamá busca contener cualquier impacto reputacional o comercial sobre su registro marítimo.
“Sí debo decir que celebro el mensaje positivo… yo no tengo ningún interés de escalar este problema con China. Para eso están los procesos de arbitraje”, concluyó Mulino.
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