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El Consejo de Gabinete autorizó la presentación ante la Asamblea Nacional de un proyecto de ley que reforma el marco regulatorio del mercado eléctrico, con el objetivo de corregir deficiencias en la prestación del servicio, fortalecer la protección de los consumidores y ampliar el acceso a la electricidad en el país.
La iniciativa modifica el Texto Único de la Ley 6 de 1997 e incorpora nuevas herramientas para que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) supervise con mayor rigor a las empresas distribuidoras, en respuesta a las constantes quejas de los usuarios por fluctuaciones de voltaje, interrupciones del servicio, daños a electrodomésticos y deficiencias en la atención de reclamos.
Uno de los principales cambios es el aumento del régimen sancionatorio. Las empresas prestadoras del servicio eléctrico podrán ser multadas con hasta US$20 millones por infracciones a la ley o por incumplimientos de sus contratos de concesión.
El proyecto también faculta a la ASEP para intervenir temporalmente a las empresas distribuidoras cuando sea necesario corregir fallas en la prestación del servicio o mientras se resuelve administrativamente la terminación de un contrato o licencia. El interventor será designado por la autoridad reguladora, pero su remuneración será cubierta por la empresa intervenida, y no podrá mantener relaciones comerciales o profesionales con ella durante los dos años siguientes.
La propuesta establece además nuevas obligaciones para las distribuidoras, entre ellas la incorporación de tecnologías de redes inteligentes, mejoras en los sistemas de medición, mayores estándares de transparencia operativa y compromisos de inversión para modernizar la red eléctrica.
Otro de los cambios busca ampliar la cobertura del servicio. La electrificación de áreas rurales no servidas, no rentables y fuera de las zonas concesionadas pasará a formar parte de las obligaciones de las empresas distribuidoras. Según la administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez, esta medida permitirá que unas 150 mil familias que actualmente no cuentan con electricidad puedan acceder al servicio.
La iniciativa también contempla reglas para evitar una concentración excesiva del mercado y promover una mayor competencia en los procesos de venta de acciones de empresas distribuidoras. Asimismo, fortalece las facultades de fiscalización de la ASEP, incluyendo mecanismos de cobro coactivo para garantizar el resarcimiento económico de los clientes cuando corresponda.
De ser aprobado por la Asamblea Nacional, el proyecto establecerá las nuevas reglas que regirán los futuros contratos de concesión del servicio de distribución eléctrica y reforzará las obligaciones de las empresas hacia los consumidores.
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