Alma Solís
La calificadora de riesgo Fitch Ratings este 16 de febrero de 2024 emitió un comunicado destacando que el cierre de la mina de cobre Minera Panamá ha reforzado la presión a la baja sobre la calificación soberana ‘BBB-‘, dice Fitch Ratings, al sumarse a los desafíos fiscales existentes, afectando las perspectivas de crecimiento a corto plazo. y resaltar las debilidades de la gobernanza.
Igualmente recorta la previsión de crecimiento de la economía panameña bajando de 4,5% que esperaban para este 2024, a solo un 1,5%.
La calificadora tampoco pasó por algo la situación fiscal del país, y el reciente informe preliminar del balance fiscal en el que el gobierno asegura queso cumple con la ley de responsabilidad fiscal no pasando el límite de 3%, pero la forma en la que llegaron es la que llama la atención de Fitch incluyendo gastos no recurrentes y leyes especiales.
Tampoco la recaudación de ingreso fue desapercibida para Fitch, ya que se proyecta en el presupuesto una mayor recaudación pero en medios de presiones. Como tampoco la situación de la Caja de Seguro Social, que nuevamente es un tema de mucho interés para las calificadoras.
Fitch revisó la perspectiva de la calificación a Negativa desde Estable en septiembre de 2023, antes del cierre de la mina en diciembre pasado.
“La Perspectiva Negativa se relaciona con desafíos fiscales y de gobernanza interrelacionados. Las finanzas públicas siguen siendo estructuralmente débiles, en medio de crecientes costos de intereses, presiones de gasto y débiles ingresos tributarios. Las autoridades se han basado en maniobras excepcionales y contables para cumplir los objetivos fiscales, y han promulgado medidas que, según Fitch, podrían empeorar en lugar de mejorar la tendencia subyacente. Estos incluyen una ley para aumentar el gasto en educación al 7% del PIB, en respuesta a las protestas de 2022, y un presupuesto mayor para 2024” dijo la empresa.
El cierre de Minera Panamá y la agitación social que lo provocó agravan estos desafíos hizo que Fitch recortara su proyección de crecimiento para 2024 del 4,5% al 1,5%, con mayores riesgos de efectos de segunda ronda. “Privará al gobierno del 0,5% del PIB en regalías previamente asumidas en nuestras previsiones y podría hacerlo responsable de costos significativos en un arbitraje” indicaron.
Igualmente hacen señalamientos sobre el reciente informe preliminar del balance fiscal que el gobierno de Panamá publicó y el que Morgan Stanley calificó como sorpresivo, ahora Fitch indica que el gobierno reportó un déficit fiscal del 3,0% del PIB estimado por Fitch en 2023, en línea con el límite legal y por debajo de la proyección anterior de Fitch. Sin embargo, explicaron que esto dependió del 1,4% del PIB en ingresos extraordinarios algunos de los cuales no estaban en su base de referencia.
Mencionaron las ventas de terrenos al Canal de Panamá, las regalías de la mina, una amnistía fiscal y la anticipación de algunas recaudaciones de impuestos para 2024. Las empresas públicas registraron un superávit operativo sin precedentes, cuya naturaleza aún no está del todo clara de acuerdo con la calificadora.
En cuanto al gasto de capital manifestaron que estuvo por debajo de sus proyecciones, pero indican que las organizaciones empresariales estiman que las autoridades han acumulado atrasos por valor de 1.700 millones de dólares (2% del PIB). Los atrasos revelados en 2019 dieron lugar a revisiones al alza de los déficits históricos.
Añaden que el presupuesto de 2024 proyecta un aumento de los ingresos y autoriza un aumento mayor del gasto, lo que implicaría un déficit más amplio del 5,6% del PIB si se implementa en su totalidad, pero supone que una subejecución sustancial reducirá este déficit al límite legal inferior del 2%. La propuesta presupuestaria original preveía un déficit del 6,7% del PIB antes de la subejecución, pero fue revisada a finales del año pasado para recortar el gasto.
“No está claro cuánta mejora fiscal producirá esta revisión. Dado que el presupuesto ya suponía una subejecución tan grande, la reducción del gasto autorizado puede tener un efecto limitado sobre el gasto real ejecutado. Dicho esto, la terminación de los subsidios al combustible y la transferencia social Vale Digital proporcionada desde la pandemia ofrecerán ahorros significativos de alrededor del 0,8% del PIB. Esto se asumió en el presupuesto original y no forma parte de los recortes” dice Fitch.
Otro punto que dejaron ver que los riesgos para los ingresos han aumentado. La actualización del presupuesto no redujo materialmente los ingresos tributarios y de seguridad social esperados, a pesar de recortar la proyección de crecimiento para 2024 del 5,0% al 2,5%.
“La recaudación de impuestos históricamente estuvo a la zaga de la actividad económica, creciendo un 1,7% en la última década en términos anuales compuestos (netos de ingresos extraordinarios) frente a un crecimiento del PIB nominal del 5,8%. Las autoridades creen que la facturación electrónica permitirá que la recaudación de impuestos crezca muy por encima del PIB nominal, pero esto es incierto «, detalla el documento.
Una grave sequía que afectara el tráfico del canal podría producir un déficit presupuestario de alrededor del 0,4% del PIB. El presupuesto espera que aumenten las contribuciones del canal, pero el canal preveía una caída en su propio presupuesto aprobado en septiembre de 2023 y sus proyecciones han empeorado desde entonces.
A la luz de estos acontecimientos, Fitch ha elevado su previsión de déficit para 2024 del 4,3% al 4,7% del PIB.
Las perspectivas de consolidación dependerán de los planes del próximo gobierno, tras las elecciones de mayo.
El régimen de beneficios definidos del sistema de pensiones agotará sus reservas pronto debido a un creciente déficit que plantea un asunto urgente para el próximo gobierno.
“Se harán más difíciles nuevos recortes al gasto de capital dados los desembolsos necesarios para los proyectos en marcha y los ya completados bajo programas de “pagos diferidos”.
De acuerdo con Fitch, ningún candidato ha señalado planes concretos de reforma tributaria para superar las compensaciones en materia de gasto.
“Las protestas de 2022 y 2023 ponen de relieve un contexto difícil para las medidas fiscales correctivas” puntualizaron.
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