Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
La auditoría ambiental de Cobre Panamá presenta fragilidades metodológicas, vacíos de información y conclusiones que no están respaldadas por suficiente evidencia técnica, según una revisión independiente realizada por la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Esto contrasta con la versión del gobierno que habla de un cumplimiento del resultado de la auditoria es de 87%.
El grupo, integrado por especialistas en auditoría ambiental, geología, hidrología, biología, derecho y ciencias sociales, examinó las más de 5,000 páginas del informe final y sus anexos. Su principal cuestionamiento es que 155 de los 371 compromisos evaluados, más del 40%, no tienen en los anexos publicados la documentación necesaria para sustentar la calificación otorgada.
“Hay mucha fragilidad y debilidad en la forma como el auditor hizo las conclusiones finales”, afirmó el biólogo y auditor ambiental Gabriel Jácome. La Mesa cuestionó que el informe otorgara una valoración general de 87% de cumplimiento, pese a reconocer en varios capítulos limitaciones de información, deficiencias en los monitoreos y dificultades para verificar la efectividad de las medidas ambientales.
Los técnicos señalaron además que la auditoría se basó mayoritariamente en informes suministrados por la propia empresa auditada. Según Jácome, más del 90% de la información revisada correspondía a reportes de seguimiento de Minera Panamá, sin suficiente contraste con estudios, inspecciones o documentos independientes elaborados por las autoridades encargadas de fiscalizar la operación.
La revisión sostiene que la auditoría se concentró en comprobar si se habían presentado documentos o realizado determinadas actividades, pero no necesariamente en verificar sus resultados. Como ejemplo, mencionó compromisos relacionados con emisiones, ruido, calidad del agua, drenaje ácido, biodiversidad y estabilidad de la instalación de manejo de relaves, en los que se declaró conformidad pese a que el propio informe reconocía deficiencias o información insuficiente.
La Mesa realizó inicialmente una revisión profunda de una muestra cercana al 10% de los compromisos. Dentro de esa selección, aseguró que solo uno demostró cumplimiento completo: el correspondiente al manejo de explosivos, sujeto a controles y protocolos de seguridad nacional. En los demás casos examinados, encontró que las conclusiones se sustentaban principalmente en acciones realizadas y no en resultados verificables.
Entre los datos que, según los ambientalistas, no fueron debidamente incorporados al análisis figuran informes de MiAmbiente de 2026 que recomendaron incluir hierro, aluminio, cobre y molibdeno en los monitoreos de agua superficial, luego de detectar excedencias significativas frente a referencias internacionales. También señalaron estudios oficiales que advertían una pérdida de biodiversidad en varios ríos del área.
La Mesa Técnica pidió al Gobierno no aceptar el informe final mientras no se entregue la evidencia faltante, emitir no conformidades para los compromisos sin respaldo, iniciar los procesos sancionatorios pendientes y revisar la garantía financiera destinada a cubrir posibles pasivos ambientales.
Sobre una eventual reapertura de Cobre Panamá, la posición del grupo es de rechazo. Sus integrantes sostienen que la mina debe avanzar hacia un cierre ordenado, seguro y definitivo, conforme a la Resolución de Gabinete 19 de 2024, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de 2017 y 2023 y la Ley de Moratoria Minera.
“La mina debe ser cerrada definitivamente, entendiendo que es un proceso paulatino al que hay que empezar a darle curso”, afirmó Lilian Guevara, integrante de la Mesa. Añadió que un proceso de cierre no implica continuar extrayendo mineral, pues ambas actividades corresponden a categorías técnicas y legales distintas.
La organización advirtió que cualquier intento de reapertura, incluso mediante una empresa estatal o una alianza público-privada, enfrentaría nuevas objeciones legales. También sostuvo que los impactos ambientales de la minería metálica serían los mismos independientemente de que la operación estuviera en manos de una compañía privada o del Estado.
Hace unas semanas la comisión integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas y Ambiente, designada por el presidente José Raúl Mulino para evaluar el futuro de Cobre Panamá, prevé entregar sus recomendaciones antes de que finalice 2026. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que el grupo no tiene una fecha límite formal, pero acordó presentar su informe al mandatario durante este año. Por su parte, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó que la auditoría oficial determinó un cumplimiento de 87.6% y nueve incumplimientos, entre ellos la deforestación de más de 300 hectáreas fuera de las áreas autorizadas y deficiencias en las obligaciones de reforestación.
Cobre Panamá permanece sin operaciones de extracción desde noviembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406, que aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá. El Gobierno de Mulino ha señalado que cualquier decisión sobre el proyecto deberá considerar los aspectos ambientales, jurídicos y económicos, así como los arbitrajes internacionales surgidos tras el cierre. El presidente también descartó la aprobación de un nuevo contrato ley y planteó que la eventual solución tendría que reconocer que el recurso pertenece al Estado panameño.
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