Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
El proyecto de Presupuesto General del Estado que el Gobierno presentará antes de que finalice la semana llega con un desafío mayor al de simplemente cumplir la meta de déficit fiscal. También deberá mostrar cómo sostener el proceso de consolidación de las finanzas públicas sin seguir dependiendo de recortes a la inversión y en medio de un gasto que tiene importantes componentes de crecimiento obligatorio por leyes especiales.
El punto de partida es mejor que hace un año. En 2025 el Gobierno logró reducir el déficit, recuperar el ahorro corriente y volver a financiar con ingresos los gastos de funcionamiento del Estado, dejando atrás la necesidad de recurrir a deuda para cubrir parte del gasto diario. Además, para cumplir la meta fiscal, el Ejecutivo optó por cerrar anticipadamente la ejecución del presupuesto durante los últimos meses del año, limitando nuevos desembolsos y esto también se reflejó en un 20% menos de inversión.
Sin embargo, los propios organismos que evalúan la solvencia del país coinciden en que el siguiente paso ya no consiste únicamente en reducir el déficit, sino en demostrar que ese ajuste puede mantenerse en el tiempo.
Moody’s reconoce que el déficit del Sector Público No Financiero cayó de 6.2% del PIB en 2024 a 3.7% en 2025 y proyecta que Panamá cumplirá nuevamente la meta de 3.5% este año. No obstante, advierte que buena parte del ajuste se logró mediante recortes superiores al 2% del PIB concentrados en el gasto de capital, con el aplazamiento de nuevos proyectos y la reducción de inversiones en ejecución, lo que “apunta a la necesidad de reformas fiscales más duraderas”.
Fitch hace una observación similar al señalar que la consolidación fiscal ha estado apoyada por nuevos recortes en la inversión pública y advierte que parte de esa reducción podría ser temporal, ya que algunos proyectos únicamente fueron pospuestos.
J.P. Morgan, por su parte, reconoce que la consolidación ya no descansa exclusivamente sobre la reducción del gasto de capital, gracias al crecimiento de los ingresos y a un mayor control del gasto corriente, aunque destaca que la inversión pública acumulaba una caída interanual de 15.9% hasta abril.
Ese es precisamente el equilibrio que deberá reflejar el nuevo presupuesto. Por un lado, mantener la disciplina fiscal; por otro, preservar la inversión pública necesaria para apoyar el crecimiento económico y la generación de empleo, mientras el propio Gobierno ha reiterado que su estrategia es que el empleo provenga principalmente de la inversión privada.
Ya la viceministra de Economia Eida anticipo que este viene con un incremento producto de los aumentos salariales automáticos que la ley exige.
Otro punto es el 7% que el Estado debe destinar a la Educación. El gobierno prepara una serie de proyectos de leyes para dar mayor flexibilidad al presupuesto, entre estas la antes mencionada, y otras que van relacionadas a los subsidios y no se descarta los aumentos especiales, sin embargo, aún no se han podido presentar.
En junio de este año el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, confirmó a SNIP Noticias que los proyectos aún no serán presentados junto con el presupuesto. “Hay borradores muy avanzados que requieren un proceso de consulta que es lo debido que se debe hacer”, señaló.
Chapman sostuvo que la discusión va más allá del Gobierno. “Todos sabemos que hay rigideces importantes en la elaboración presupuestaria. Lo que le conviene más que al Gobierno, yo creo que lo que le conviene al país es revisar las rigideces en la construcción del presupuesto sin afectar la calidad de vida de los funcionarios públicos. Yo creo que se pueden lograr los dos objetivos”.
El desafío estructural: la rigidez del gasto. En una entrevista en enero de este año con SNIP Noticias, Jaime Reusche, responsable de la calificación de Panamá en Moody’s, señaló que la agencia observa “cómo responde no tanto el gobierno, sino la Asamblea a estas medidas que está proponiendo el gobierno para tratar de anclar el déficit fiscal”. También advirtió que un país con grado de inversión enfrenta este tipo de retos mediante “medidas estructurales” que se conviertan en políticas de Estado.
Ese mensaje quedó reflejado en el informe publicado por Moody’s en mayo, donde identifica como uno de los principales riesgos las rigideces presupuestarias y la estrecha base tributaria, y sostiene que serán necesarias acciones legislativas adicionales para controlar el gasto y hacer sostenible la consolidación fiscal.
En ese contexto, el presupuesto de 2027 será más que un ejercicio de distribución de recursos. Será la primera prueba para mostrar cómo el Gobierno pretende compatibilizar cuatro objetivos que compiten entre sí: cumplir la meta fiscal, absorber el crecimiento del gasto derivado de leyes especiales, mantener suficiente inversión pública para apoyar la actividad económica y preservar una trayectoria fiscal que pueda sostenerse más allá de un solo año.
Moodys menciona que este año tomará una decisión en cuanto a la calificación de riesgo.
Los presupuestos de Esta administración
- Primer proyecto 2025: US$26,084 millones.
- Segundo proyecto 2025: US$26,835 millones.
- Presupuesto aprobado 2025: US$30,111 millones.
- Presupuesto aprobado 2026: US$34,901 millones.
El primer presupuesto que presentó el gobierno de Mulino a través de su ministro de Economía no fue una de las mejores experiencias.Durante la elaboración del presupuesto de 2025 tuvo que retirar y volver a presentar el proyecto, la intención habia sido presentar un presupuesto menor un poco mas de 26 mil millones, pero no se cumplieron las leyes especiales precisamente las que hacen que el presupuesto sea poco flexible y tuvieron que afinar el lápiz mediante una mayor proyección de ingresos y una reducción del costo del financiamiento antes de que la Asamblea aprobara un presupuesto de US$30,111 millones.
El segundo ejercicio fue menos traumático pero el presupuesto ya no inició con una cifra menor.
Ese presupuesto de US$30,111 millones sirvió de base para la ejecución fiscal de 2025, año en el que el Gobierno posteriormente recurrió a medidas de contención del gasto y a un mejor desempeño de los ingresos para cumplir la meta de déficit de 3.68% del PIB, muy por debajo del 6.23% registrado en 2024. El presupuesto del 2026 fue de US$34,901 millones. Incluye un programa de inversiones por US$11,188 millones
Ahora, con la preparación del presupuesto de 2027, el desafío vuelve a ser cómo compatibilizar el crecimiento del gasto, las rigideces presupuestarias y la disciplina fiscal.
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