Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
¿Debe Panamá conservar el grado de inversión? Para el empresario Stanley Motta, la respuesta es inequívoca: “Sin duda debemos mantener el grado de inversión”. La pregunta fue planteada por Jaime Reusche, analista principal de Moody’s Ratings para Panamá, durante una conversación en la que también abordaron el crecimiento económico, las inquietudes de los inversionistas, la educación, el déficit fiscal y el futuro de la mina de cobre.
El encuentro se produjeron durante Inside LatAm: Panamá 2026, un encuentro organizado por Moody’s para analizar los principales riesgos y tendencias crediticias del país.
Reusche destacó que Panamá mantiene una capacidad de crecimiento superior a la de otras economías de la región. “Para este año, digo 4%. Para el próximo año, 4%. Para dentro de cinco años, 4%”, señaló el analista, quien calificó ese ritmo como “una tasa de crecimiento envidiable para Latinoamérica”. Motta atribuyó esa fortaleza a la historia de Panamá como país de tránsito y a su apertura al mundo, dos condiciones que, a su juicio, le permiten adaptarse más rápidamente.
Al preguntarle dónde están las oportunidades para invertir durante los próximos diez años, Motta señaló principalmente el turismo, la logística y los servicios. Consideró que el turismo presenta un potencial nuevo para Panamá y destacó que su desarrollo puede extenderse a otras actividades económicas, entre ellas la producción agrícola destinada al consumo de los visitantes.
La conversación pasó después a una de las quejas que, según Reusche, plantean los inversionistas: las deficiencias del capital humano. Motta respondió que “la gobernanza de la educación en América Latina, no Panamá, ha fracasado” y sostuvo que las empresas deben asumir una responsabilidad mayor en la capacitación de sus trabajadores. “La gente está dispuesta a aprender, la gente está dispuesta a hacerlo mejor. Yo creo que la empresa tiene la responsabilidad de enseñarle cómo hacerlo mejor”, afirmó.
Motta también comentó sobre la ley de pasantías, cuya reglamentación y puesta en marcha se realizó ese mismo día. Consideró que la iniciativa permitirá a jóvenes de entre 18 y 25 años trabajar como pasantes hasta por un año, adquirir experiencia y posteriormente buscar empleo.
El empresario también se refirió a los US$450 que recibirán los pasantes y dejó uno de los comentarios más distendidos de la conversación: “Por lo menos van a tener para su transporte, su comida y, a lo mejor, pueden llevar la novia al cine el fin de semana”. Añadió que la rotación habitual dentro de las empresas abre espacio para incorporar jóvenes mediante esta modalidad.
Para Motta, mejorar la productividad también requiere resolver ocho problemas que afectan la vida cotidiana: transporte público, basura, agua, atención médica, seguridad en los barrios, vivienda, trabajo y educación. “Si yo no me tengo que preocupar por la basura, ni el agua, ni atención médica o la seguridad de mi barrio, me va a hacer más productivo”, sostuvo. Su conclusión fue directa: “Lo que nosotros tenemos que hacer es arreglar las bases”.
Al abordar el déficit fiscal, Motta planteó que debe distinguirse si el desequilibrio proviene del gasto en planilla o de inversiones que pueden elevar la productividad en el futuro cercano. También pidió presentar las finanzas públicas de una manera más sencilla, de modo que los ciudadanos puedan conocer cuánto dinero recibió el Estado y en qué fue utilizado.
Como señal de mejoría, relató que preguntó a varias personas si el Gobierno estaba pagando con mayor agilidad. “¿Cómo te está pagando el Gobierno? Dicen: ‘Es mucho mejor’. Es una indicación de algo muy importante”, comentó. Motta agregó que la conservación del grado de inversión no depende únicamente de lo que haga el Estado, sino también de las acciones de la empresa privada y de las transformaciones que incrementen la productividad.
Reusche llevó luego la conversación hacia la confianza de los inversionistas y la seguridad jurídica. Recordó el cierre de la mina y la controversia por la concesión portuaria antes de formular una pregunta que, según dijo, muchos se hacen: “¿Por qué debería seguir invirtiendo en Panamá, si tal vez no hay esa seguridad jurídica que antes se pensaba que se tenía?”.
Motta respondió que la seguridad personal y la seguridad jurídica son “indispensables” para generar confianza, aunque pidió analizar por separado los casos de los puertos y la mina. Sobre los puertos dijo que el contrato fue renovado sin un proceso.
“Hutchison renovó sin pasar por un proceso que todos los otros puertos habían pasado en su renovación, porque el de ellos iba a ser diferente” afirmó.
Sobre la Mina, señaló que una de las principales lecciones fue la forma acelerada en que se aprobó el contrato. Recordó que un joven le expresó: “Me ofendió que se pasó la ley en dos días”, reacción que interpretó como una muestra de desconfianza porque las cosas no se estaban haciendo correctamente.
El empresario también habló sobre la mina y su futuro. “Si no lo puedes hacer bien, no lo hagas”, manifestó. Luego fijó su posición: “Si lo van a hacer bien, debo estar a favor. Si lo van a hacer mal, debemos protestar”.
Motta insistió en que no basta con discutir los aspectos financieros o técnicos de un proyecto. También deben considerarse los llamados “soft issues”, entre ellos la gobernanza, la visión, la participación y el manejo de las transiciones. En el caso de la mina, consideró que estos asuntos no recibieron suficiente atención y expresó su expectativa de que una nueva discusión incluya mayores explicaciones.
Al cierre, Reusche recogió con picardía la respuesta de Motta sobre la calificación soberana y dio el asunto momentáneamente por resuelto: “Genial, entonces hay que mantener el grado de inversión. Ya está decidido”. La decisión real, por supuesto, seguirá en manos del comité de calificación de Moody’s que podría darse a conocer antes que finalice este año.
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