Alma Solís
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Luego que se dio a conocer el fallo de inconstitucionalidad del Contrato entre Minera Panamá y el gobierno de Panamá por parte de la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) pide que se de un cierre ordenado y se contemplen las medidas ambientales para el cierre de la vía.
En el comunicado señalan que una gran mayoría de la población panameña ha reclamado que Panamá sea un país sin minería metálica a cielo abierto.
“Hacemos un llamado a aceptar este fallo ya que representa la posición de nuestro máximo Órgano de Justicia y en ese sentido prepararnos de manera consensuada y técnica para los pasos a seguir respecto a la operación de la mina, lo que incluye un cierre ordenado de la misma, porque una gran mayoría de la población panameña ha reclamado que Panamá sea un país sin minería metálica a cielo abierto”.
La CCIAP agrega que estima necesario se lleve adelante un proceso de facilitación donde se aborden las implicaciones ambientales, jurídicas y económicas de la operación y cierre del proyecto minero y que el mismo se realice dentro de un proceso ordenado, desarrollado y fiscalizado por un Comité Técnico Multisectorial que cuente con la legalidad correspondiente y sea de carácter vinculante.
“La Universidad de Panamá ha propuesto ser la facilitadora de este proceso, donde deben estar representados miembros de la sociedad civil, los grupos ambientalistas, las comunidades que están siendo impactadas, los jóvenes; entre otros; así como, expertos internacionales en cierre de minas a cielo abierto,” indicó Adolfo Fábrega presidente del gremio.
“La presencia de estos grupos brindaría representatividad; mientras que a través de los especialistas en la materia se pueden nivelar y esclarecer expectativas sobre los tiempos y etapas que conlleva todo esto.”
A partir de este fallo los grupos manifestantes tienen que abrir las vías comunicación, permitiendo el libre tránsito, devolviendo la paz social necesaria para retomar las actividades diarias a la ciudadanía. La CCIAP exige al Presidente de la República, al Ministro de Seguridad y el Ministro de Gobierno cumplir con su responsabilidad constitucional y garantizar las libertades ciudadanas a todos quienes habitamos en el territorio nacional.
Los empresarios consideran que la Corte Suprema de Justicia actuó en tiempo oportuno, al emitir un fallo sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406.
“Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia han respetado los tiempos procesales y han tomado en cuenta la necesidad de actuar de forma inmediata, conforme a derecho, tomando en cuenta el clamor de la población” señaló Adolfo Fábrega
