Alma Solis
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El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucionales la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, sus adendas y el Acto de Prórroga, tras resolver las demandas de inconstitucionalidad identificadas como Entrada No. 119313-2025 y Entrada 17547-2025, durante su sesión ordinaria del 29 de enero de 2026, según informó el Órgano Judicial mediante un comunicado oficial.
Panama Ports Company mantiene la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal desde 1997, cuando le fue adjudicado el contrato para operar ambas terminales. El acuerdo original tuvo una vigencia de 25 años y, en 2021, durante la administración anterior, fue prorrogado por un periodo adicional de 25 años. La empresa es filial del conglomerado internacional CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong.
En 2024, la Contraloría General de la República realizó una auditoría al contrato de concesión y a su prórroga, en la que señaló presuntas irregularidades en pagos, registros contables y en el proceso mediante el cual se aprobó la extensión del contrato en 2021, incluyendo la ausencia de refrendo del ente fiscalizador. A partir de estos hallazgos, el contralor presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, proceso que derivó en el fallo del Pleno que declaró inconstitucional el contrato.
De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, Las normas y actos demandados están vinculados al contrato de concesión entre el Estado y la sociedad Panamá Ports Company, S.A., relacionado con el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de los terminales portuarios de contenedores, Ro-Ro, de pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal.
Comunicado
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá hace del conocimiento de la ciudadanía en general que, durante su sesión ordinaria de hoy, 29 de enero de 2026, luego de amplia deliberación y discusión de la Entrada No. 119313-2025 y la Entrada 17547-2025, ambas consistentes en demandas de inconstitucionalidad contra la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, sus Adendas y el Acto de Prórroga, en cumplimiento de su obligación como guardiana de la Constitución Política, decidió declarar que son inconstitucionales.
Estas leyes y actos demandados guardan relación con el Contrato de Concesión entre el Estado y la sociedad Panamá Ports Company, S.A., para el desarrollo, construcción, operación, administración y dirección de los terminales portuarios de contenedores, Ro-Ro, de pasajeros, carga a granel y carga general en los puertos de Balboa y Cristóbal.
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