Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
Panamá tendrá que demostrar con resultados cómo funciona su sistema de prevención y combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. Las cifras serán parte de esa tarea, pero no hablarán por sí solas.
«El dato va a ser importante, pero la narrativa es igual de importante», explicó Guillermo Hernández, experto técnico de la Secretaría del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), durante una conferencia organizada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
Hernández puso como ejemplo los reportes de operaciones sospechosas. Si su número aumenta, los evaluadores necesitarán saber por qué: puede deberse a una mejor comprensión de los riesgos, a la incorporación de más sujetos obligados o a la presentación de reportes defensivos, hechos por temor a sanciones y con escaso valor para las autoridades. La cifra, dijo, debe ir acompañada de información que permita interpretar el resultado.
La quinta ronda de evaluaciones mutuas dará mayor peso a la efectividad. Se examinará si las normas, las instituciones y los recursos destinados a combatir estos delitos producen resultados. También se revisará si las medidas que aplica el país corresponden a los riesgos que ha identificado.
Aunque la metodología es la misma para todos los países, el equipo evaluador deberá considerar el contexto de Panamá. Hernández mencionó factores como la geografía, el comercio y la informalidad, además de las amenazas y vulnerabilidades que el país identifique en su análisis de riesgo.
En esta ronda, la supervisión y las medidas preventivas de los sujetos obligados no financieros se evaluarán en un resultado específico, separado del correspondiente a las instituciones financieras y los proveedores de servicios de activos virtuales. Entre los aspectos que se examinarán está si la supervisión toma en cuenta el riesgo de cada actividad y de cada entidad.
El análisis comenzará antes de que los evaluadores lleguen al país. Panamá entregará información sobre cumplimiento técnico y resultados, recibirá hallazgos preliminares y podrá presentar aclaraciones. Posteriormente, el equipo realizará una visita de dos semanas, con reuniones con autoridades y representantes del sector privado.
Hernández señaló que el proceso completo tomará aproximadamente 18 meses. Tras la publicación del informe, habrá un seguimiento de tres años para comprobar qué avances logra Panamá frente a las acciones recomendadas por los evaluadores.
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