Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
La Asociación Marítima de Panamá (MAPA) y la Cámara Marítima de Panamá (CMP) expresaron su preocupación por el anteproyecto de ley 119 del 11 de agosto de 2025, que plantea derogar el contrato ferroviario suscrito en 1998 entre el Estado y Panama Canal Railway Company (PCRC). Ambas organizaciones coincidieron en que la seguridad jurídica es un pilar fundamental para la atracción de inversiones y la estabilidad del sector logístico y marítimo.
El anteproyecto de ley 119, fue presentado el 11 de agosto de 2025 en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, propuesto por el diputado Crispiano Adames Navarro y copatrocinado por el diputado Joan Manuel Guevara Rodríguez. Según señala el documento la iniciativa busca derogar la Ley No. 15 de 17 de febrero de 1998, que aprobó el contrato entre el Estado panameño y la empresa Panama Canal Railway Company (PCRC) para desarrollar, construir, operar, administrar, renovar, reconstruir, modificar y dirigir el ferrocarril de Panamá y sus terminales intermodales.
MAPA advirtió que desconocer unilateralmente el contrato, aprobado por la Asamblea Nacional y renovado en 2023, afectaría la institucionalidad y enviaría un mensaje negativo a inversionistas nacionales e internacionales. El gremio subrayó que el acuerdo vigente contempla mecanismos de fiscalización y reconoce la facultad del Estado de auditar las operaciones de PCRC, además de no otorgar exclusividad, lo que permite al país otorgar nuevas concesiones ferroviarias si así lo considera.
“Lo importante es que las decisiones se tomen dentro del marco de la ley y en un entorno que brinde certeza jurídica a todos los actores”, señaló la asociación, que también hizo un llamado a la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional a conducir la discusión con responsabilidad, transparencia y apertura al diálogo.
Por su parte, la CMP manifestó que cualquier iniciativa legislativa que afecte la estabilidad de contratos legalmente constituidos, sin sustento suficiente y sin agotar los espacios de diálogo, debilita la confianza en el país y compromete el desarrollo de sectores estratégicos. El gremio recordó que el conglomerado marítimo-portuario y logístico genera 109,406 empleos directos y 320,317 entre directos, indirectos e inducidos, según cifras de su Estudio de Impacto Económico de 2023.
La Cámara resaltó que cuando se erosiona la seguridad jurídica, las inversiones se reducen, se frena el crecimiento económico y se pone en riesgo la generación de empleos. Reafirmó que toda decisión debe tomarse con respaldo técnico y visión de Estado, de manera que trascienda administraciones y consolide a Panamá como un país confiable y competitivo.
Ambos gremios coincidieron en que revisar o ajustar contratos debe hacerse mediante procesos debidamente establecidos, con análisis técnicos rigurosos y diálogo abierto. Destacaron que la defensa de la seguridad jurídica es también la defensa del empleo y del desarrollo sostenible del sector logístico, marítimo y de la economía nacional.
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