Redacción
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana emitió un comunicado este viernes en el que planta algunas medidas para solucionar la crisis social que enfrenta Panamá.
Indicaron que ven con preocupación la compleja situación social y política surgida tras la imposición del contrato minero para la explotación del cobre en Donoso.
«En este contexto, es crucial que el gobierno nacional tome medidas para recuperar la confianza ciudadana que permita la gobernabilidad democrática» dijeron.
Por esta razón, solicitaron al Ejecutivo que tome con urgencia las siguientes acciones:
1. GARANTIZAR EL ORDEN DEMOCRÁTICO Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Garantizar la continuidad del orden democrático, protegiendo los derechos fundamentales de todos: la vida, la integridad física, el tránsito, la reunión, la protesta, la libertad de expresión, de prensa, del ejercicio de actividades económicas lícitas, etc. Ninguna sociedad puede funcionar sin ley ni orden. La pérdida dolorosa de la vida de tres ciudadanos, así como las múltiples afectaciones de todo tipo que se han producido, son tragedias que pudieron haberse evitado y que ahora esperan que la justicia haga su trabajo.
2. SEPARAR A LOS CORRUPTOS E INICIAR INVESTIGACIONES
Separar del servicio público a los funcionarios que estén involucrados en actos de corrupción o falta de transparencia, como son los casos graves, revelados por investigaciones periodísticas, a saber: el Ministro de Comercio ignorando las advertencias del Procurador de la Administración sobre los pasos que debían seguirse para otorgar un nuevo contrato minero; el Ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, avalando con su voto el contrato minero en el Consejo de Gabinete, a pesar de tener negocios personales con la empresa, situación que evidencia la inoperancia de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) en su rol de vigilancia del cumplimiento de la ley de conflictos de intereses y su efectividad. Igualmente es imperativo una investigación que aclare la participación del Vicepresidente y candidato presidencial, José Gabriel Carrizo, en el financiamiento de la campaña electoral de 2019, incluyendo su vinculación con la empresa Bagatrac, que ha sido notablemente favorecida con contratos de obras en esta Administración.
3. FRENAR EL ABUSO DE FONDOS Y REFORMULAR EL PRESUPUESTO 2024
Frenar los abusos cometidos durante esta Administración en relación al uso de los recursos públicos, como las diversas ayudas sociales usadas para clientelismo o privilegiados militantes del partido en el poder, la descentralización paralela, las contrataciones sin licitación, los fondos millonarios para diputados y muchos casos más, sin que las instituciones de control como la Contraloría o ANTAI hagan su trabajo. Es imprescindible que el presupuesto 2024 ponga un alto a estos abusos y se demuestre responsabilidad fiscal.
4. PRESENTAR UN PLAN PARA LA TRANSICIÓN
Presentar un plan de acción con escenarios de gestión post fallo de la Corte Suprema de Justicia, que evite la improvisación frente a las realidades legales y económicas que se presentarán, para que el país tenga paz y sosiego, y podamos hacer la transición ordenada hacia un país libre de minería metálica a cielo abierto, que es la contundente e incuestionable voluntad de las mayorías. Este plan debe ser divulgado tan ampliamente como la campaña mediática millonaria a favor de la minera que se desplegó durante el año.
Se requiere con urgencia un cambio de dirección por parte del Gobierno que permita recuperar la convivencia pacífica, restaurar el tejido social y mantener el orden democrático que permita la realización de las elecciones en 2024. Acciones como las que proponemos aquí deben ser una prioridad en los meses que quedan de esta Administración, para enfrentar los múltiples problemas que aquejan a Panamá.
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