Alma Solis
asolis@noticiasdepanama.com
Miles de sociedades inscritas en Panamá iniciarán un proceso de disolución a partir del 27 de febrero de 2026, tras mantenerse suspendidas en el Registro Público por incumplimientos fiscales, principalmente por la falta de pago de la tasa única anual durante más de diez años.
El proceso alcanzará a personas jurídicas que ya cuentan con un marginal de disolución, conforme al artículo 318-A del Código Fiscal. En esta primera fase se ejecutará la disolución de sociedades cuyo estatus suspendido data, en algunos casos, desde 2016.
La información consta en una circular emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), firmada por el ministro Felipe E. Chapman, dirigida a gremios profesionales y organizaciones vinculadas al sector legal y financiero, en la que se notifica el inicio formal del proceso.
En la circular, el MEF informó que se creó un comité interinstitucional para coordinar acciones dirigidas a la exclusión de Panamá de listas restrictivas y al cumplimiento de estándares internacionales en materia de transparencia. Como parte de ese trabajo, se conformó una mesa técnica para la depuración de personas jurídicas cuya disolución estaba pendiente conforme a la normativa vigente.
El MEF señaló que este grupo avanzó en la homologación de las bases de datos del Registro Público y la Dirección General de Ingresos (DGI), lo que permitió iniciar el proceso de disolución de personas jurídicas a partir del 27 de febrero de 2026, el cual se ejecutará por etapas según el régimen aplicable.
Según la circular, la disolución de las personas jurídicas se realizará por etapas. En un primer bloque se homologaron más de 180.000 sociedades, mientras que el resto será procesado de manera progresiva conforme avance la validación de la información entre el Registro Público y la Dirección General de Ingresos.
Del total de 290.534 personas jurídicas a las que la Dirección General de Ingresos ordenó colocar un marginal de disolución desde 2016 por incumplimientos fiscales, 180.883 sociedades fueron homologadas tras el cruce de información entre el Registro Público y la DGI y conforman el primer bloque que entrará en proceso de disolución. El resto será procesado de manera escalonada conforme avance la validación de los datos.
El documento señala que se publicará información adicional sobre las sociedades incluidas en cada etapa, con listados digitales que permitirán identificar a las personas jurídicas sujetas a disolución y verificar su estatus.
El proceso se enmarca en la depuración de personas jurídicas cuyo estatus fiscal y registral se mantiene suspendido y que no regularizaron su situación dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente.
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