Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
La Autoridad Marítima de Panamá tomó posesión de los puertos de Balboa y Cristóbal y asumió el control operativo de ambas terminales, tras la ejecución del fallo que declaró inconstitucional la concesión que mantenía Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison.
“La Autoridad Marítima de Panamá hoy tomó posesión de sus puertos y garantizará la continuidad de seguir la operación. Hemos tomado un decreto de ocupación que es una medida legal y legítima para un periodo de transición”, afirmó el director de Puertos de la Autoridad Marítima de Panamá, Max Flórez.
El gobierno informó que durante el periodo transitorio, que se extenderá hasta por 18 meses, serán dos operadores los encargados de la gestión de las terminales. En el Pacífico operará APM Terminal y en el Atlántico TIL, brazo operador de MSC, ambos considerados grandes operadores a nivel mundial.
Alberto Alemán Zubieta quien es el designado por el gobierno para liderar este proceso explicó que el objetivo es garantizar estabilidad en la operación mientras se define el modelo que Panamá adoptará en una futura licitación internacional para seleccionar operadores de largo plazo. Señaló que se busca una transición ordenada que garantice principalmente la estabilidad laboral de los trabajadores de los puertos, panameños en su gran mayoría, así como dar certeza a navieras, usuarios y empresas que prestan servicios en las terminales.
“Panamá va a seguir brindando el servicio de calidad que nos corresponde y que ha sido casualmente el sello que Panamá le brinda al mundo en el manejo de nuestro sistema portuario que es realmente único en el mundo”, sostuvo.
En paralelo, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá aprobará el plan para la operación transitoria en ambas terminales, mientras se adelanta el proceso de selección de los operadores definitivos, con el objetivo de resguardar los mejores intereses del país.
Como contexto, el 29 de enero el Pleno de la Corte declaró inconstitucional la ley que aprobó el contrato otorgado a PPC y anuló la prórroga de 2021. Con la publicación del fallo en la Gaceta Oficial, la decisión quedó ejecutoriada y la concesión perdió vigencia legal.






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