Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
El Gobierno de Panamá ha anunciado que saldará la deuda pendiente con la banca privada por el Fondo del Bono Solidario (FBS), lo que se espera impulse la reactivación del sector de la construcción, clave para la economía del país.
El presidente José Raúl Mulino informó que su administración está trabajando en conjunto con los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), así como con la banca estatal, para finiquitar el pago de una deuda que asciende a unos US$200 millones.
«Vamos a cancelar la morosidad del Estado a la banca privada panameña; vamos a hacer un esfuerzo para hacerlo en el cortísimo plazo», aseguró Mulino durante su conferencia semanal en el Palacio de Las Garzas.
El mandatario explicó que esta deuda fue generada en administraciones pasadas debido a un manejo «irresponsable» del FBS, pero que su gobierno está comprometido en resolverla rápidamente.
Además del pago de la deuda, el Gobierno busca reactivar el sector de la construcción a través de diversas medidas. Una de las acciones más relevantes es la modificación de la Ley de Interés Preferencial, que dejará de aplicarse en su forma actual. «El Bono Solidario no se va a renovar, y la Ley de Interés Preferencial tendrá que sufrir una modificación más adelante para garantizar que sea destinado a los sectores que más lo necesiten», destacó Mulino.
Con la modificación de estas políticas, se espera facilitar el acceso al financiamiento tanto para el sector privado como para las familias que requieren adquirir viviendas. El presidente también resaltó que, aunque la deuda del FBS ha afectado la venta y la posibilidad de hipotecar viviendas, esta medida abrirá nuevas oportunidades para la compra de casas y el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
Estas acciones están orientadas a reactivar la construcción, un sector fundamental para la generación de empleo en el país. Mulino señaló que la industria de la construcción «es un sector que rápidamente se puede activar» y que contribuirá a mejorar la situación económica general. A través de estos esfuerzos, el Gobierno espera estimular tanto el mercado inmobiliario como la economía en su conjunto.
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