Alma Solís
Moodys acaba de reafirmar la nota de Panamá que es una Baa3, lo que lo deja aun con grado de inversión, que significa que está entre los mejores pagadores, pero en el último renglón y con perspectiva negativa.
Para ampliar la información SNIP Noticias conversó con Renzo Merino —vicepresidente y analista senior de Moody’s y líder de la calificación de Panamá — quien explica por qué se reafirmó la calificación, por qué la perspectiva continúa en negativa y qué elementos serán determinantes en los próximos meses.
Esto indica que Panamá tuvo un respiro, y la calificadora reconoce las mejoras y pero el plazo es corto y las tareas no son fáciles, los ingresos siguen bajos, las leyes especiales siguen presionando las finanzas publicas, la deuda también se mantiene alta y algunas de las acciones positivas que se han tomado a juicio del calificador no son sostenibles.
En esta entrevista Merino explicó que la decisión de mantener la calificación fue porque en los últimos meses se han registrado algunos avances: los ingresos han mostrado un desempeño más dinámico, el déficit del sector público no financiero ha comenzado a reducirse y se ha contenido parte del gasto, especialmente en la planilla y en la inversión pública. Estos elementos respaldaron la decisión de mantener el grado de inversión.
Sin embargo, la perspectiva negativa persiste porque en el centro de los riesgos que Moody’s sigue observando están las leyes especiales, que crean rigideces en el gasto público, especialmente en salarios y asignaciones obligatorias. Estas limitaciones dificultan realizar ajustes cuando las finanzas lo requieren.
A esto se suma una credibilidad fiscal debilitada, resultado de presupuestos con ingresos sobreestimados y metas que no se cumplen, lo que afecta la confianza en las proyecciones oficiales.
Moodys aun no está convencido que el déficit se logre a un 4% , lo ven aún más alto , entre 4 a 4,5%.
La calificación de riesgo funciona como una referencia para evaluar qué tan buen pagador es un país, una especie de “buró de crédito”, la APC del país. Cuando la nota es alta, el país puede obtener financiamiento en mejores condiciones; cuando baja, acceder a recursos se vuelve más costoso y difícil.
Merino señaló que la reafirmación reconoce los esfuerzos realizados en los últimos meses para “reducir de manera sustancial los pasivos contingentes”, tanto por el deterioro que se veía en la Caja de Seguros Social como por el litigio asociado a la mina Cobre Panamá.
También resaltó la trayectoria fiscal reciente. “El año pasado el déficit fiscal del sector público no financiero se amplió de manera muy importante hasta casi 7.5% del PIB”, pero con las medidas implementadas —contención del gasto corriente, en particular salarios, una reducción “muy sustancial” de la inversión y “dinámicas muy positivas” en los ingresos—
Pero Moody’s aún estima que el déficit “se va a ir reduciendo este año hasta casi llegar a la meta de 4%, entre 4% y 4.5% del PIB”. Esto es más de lo que permite la Ley de Responsabilidad Fiscal por ende la meta del gobierno.
El calificador explicó que la perspectiva negativa se mantiene porque “todavía hay ciertos riesgos que pueden hacer más difícil una reducción del déficit continua en los próximos años”. Entre esos riesgos están las rigideces del gasto, derivadas de leyes que limitan los ajustes necesarios.
Otro factor es la debilidad estructural de los ingresos: “Antes representaban casi 12% del PIB, ahora están más cercanos al 7%.”
Por este contexto, Moody’s proyecta que la deuda seguirá aumentando:
“Los números de deuda (…) estarían todavía subiendo por lo menos para los próximos dos años.”
Y añadió que quieren ver “más medidas más concretas en los próximos meses” para asegurar que la deuda llegue a un pico y luego empiece a bajar “de manera sostenida”.
Al ser consultado sobre si las cosas parecen ir mejorando dijo que sí. Explicó que los números fiscales hasta septiembre muestran “dinámicas positivas”, destacando que “los ingresos están creciendo más rápido que la economía”, algo que no se veía en años anteriores. Señaló que algunas medidas administrativas han ayudado al recaudo, mencionando el caso de la lotería como un ejemplo de instrumento aplicado en otros países para modificar el comportamiento de pago.
Del lado del gasto, destacó “un esfuerzo muy importante en contener el gasto (…) sobre todo de inversión de capital”, aunque aclaró que es una medida efectiva a corto plazo pero “no es una medida sostenible en el tiempo” si no se ajustan los objetivos de inversión pública.
También mencionó señales positivas en el gasto corriente: “Parece ser que el gobierno ya por fin está empezando a controlar un poco el gasto”, aunque reiteró que las leyes especiales seguirán presionando .
Con estas dinámicas, Moody’s considera que, aunque la deuda sigue creciendo, lo hace “a un menor ritmo”, lo que les permite proyectar que Panamá podría “estar llegando ya a un pico (…) entre el 26 y el 27.”
También hizo referencia a un punto que viene señalando desde hace tiempo: el problema de credibilidad fiscal.
Allí dijo que por varias leyes presupuestarias, como el gasto de educación y las leyes especiales, lo que termina ocurriendo es que se presentan presupuestos con supuestos de gasto sobreestimados y que, para cumplir con las metas, también deben llevar ingresos sobreestimados.
Agregó: “El recaudo hacia septiembre, que si bien crece año a año de manera importante, viene por debajo de lo presupuestado.”Y recordó: “Nosotros ya desde que se aprobó ese presupuesto sabíamos que iba a ocurrir.”
Un punto de mejora fue la percepción del mercado sobre los bonos de Panamá. Dijo que además de lo que digan las calificadoras es importante observar la percepción del mercado. Explicó que Panamá ha tenido una mejora reciente en ese frente, reflejada en la reducción del riesgo país. Mencionó que el país también se ha beneficiado de “esta ola global de inversiones hacia los mercados emergentes”, lo cual ha ayudado a las dinámicas de los precios de los bonos, pero otro factor es que el país no haya emitido bonos porque genera más demanda.
A finales de 2023 y principios de 2024 el riesgo país de Panamá estaba muy lejos de los fundamentos crediticios que Moody’s veía en la calificación Baa3. La calificadora utiliza una medida llamada bond implied rating, una calificación implícita basada en los rendimientos de los bonos, estaba considerando a Panamá más abajo de su calificación pero a inicios de 2025 esa medida colocaba a Panamá mejor.
Señaló que en el transcurso del año, por un mayor apetito global por riesgo, por dinámicas técnicas de oferta y demanda, y por algunos elementos positivos recientes en el país —incluido “el tema de la consolidación fiscal”—, esa calificación implícita “ha mejorado de manera sustancial”.
En el tema de la mina Indicó que con los acuerdos alcanzados con las empresas “ese riesgo se ha minimizado”, aunque no eliminado completamente.
Sobre la reapertura, subrayó que Moody’s no la incluye en su escenario base: “no está contemplado… es un escenario alternativo”. Sin embargo, reconoció el efecto económico que tendría: la caída del empleo formal tras el cierre muestra que el impacto fue muy significativo.
Dijo que si se diera una reapertura “la actividad económica sería mucho más fuerte” que los pronósticos actuales de 3.5% a 4%, habría mayor empleo formal, más consumo, más demanda de crédito y más ingresos para el gobierno. Aun así, advirtió que “por sí solo no sería suficiente para apoyar el perfil crediticio”, porque la mejora de la calificación requiere más disciplina fiscal estructural.
En cuanto al Canal consideró que los proyectos son muy importantes para mantener el dinamismo”, con una economía que podría crecer alrededor del 4%.
Recordó que los últimos dos años dejaron claro que “el tema del agua puede afectar de manera importante la actividad en el Canal”.
Resaltó que, aun con las dificultades, el Canal “sí ayudó al Estado en cuanto a los ingresos” en ese periodo crítico, pero insistió en que la gestión del agua y la vulnerabilidad climática son factores clave.
Concluyó que abordarlos “sigue siendo muy importante no solo para el perfil crediticio del gobierno”, donde el Canal es la principal fuente de ingresos, sino también “para el perfil crediticio del mismo Canal”, cuya calificación es más alta que la del gobierno.
Explicó que, cuando Moody’s analiza a un gobierno, revisa los elementos económicos, institucionales, fiscales y también “las posibles fuentes de eventos de riesgo”. Dentro de estos, señaló que en Panamá “estos eventos de riesgo principalmente están ahora ligados al riesgo político”.
Recordó que en un país donde no se veían protestas grandes, empezaron a aparecer, y aunque protestas de este tipo se dan “en casi todos los países”, lo relevante para Moody’s es evaluar “cómo esto afecta las políticas en el país y, por ende, los diferentes aspectos del perfil crediticio del soberano”.
Señaló que las protestas de 2022 y 2023 en el contexto del contrato minero llevaron a decisiones que “afectaron negativamente el perfil crediticio”. Sin embargo, dijo que las protestas de este año tuvieron una respuesta distinta: “consideramos que se trató de preservar el respeto por la ley en el país”, lo que redujo el impacto crediticio.
Sobre las leyes especiales, indicó que algunos cambios pueden afectar a grupos que ya han participado en protestas y que esto hace más relevante el diálogo político. Mencionó que, como ocurrió con la reforma de pensiones, la coordinación entre el Ejecutivo, la Asamblea y la sociedad será “muy importante para abordar estos temas”.
Concluyó que no se trata de políticas de un solo gobierno: “deben ser políticas de Estado, que trasciendan administraciones para asegurar que la economía y el bienestar de la gente vayan bien encaminados”.
Merino afirmó que, desde la perspectiva económica, la economía panameña “todavía se está recuperando” de la desaceleración de 2024. Señaló que esperan “un crecimiento alrededor del 4% para este año”, con niveles similares en los próximos años.
Advirtió que ese crecimiento “quizás no lo siente tan de cerca la gente de a pie”, porque una de las principales limitantes del crecimiento es que “no se está generando empleo, sobre todo empleo formal”. Dijo que ese es un desafío tanto para el gobierno como para el sector privado.
Sobre lo que ocurrirá en los próximos meses, destacó la importancia del siguiente periodo legislativo: “entre enero y abril” será clave para ver la capacidad del gobierno de presentar los proyectos de ley necesarios. Indicó que Moody’s analizará esas propuestas y tratará de entender su impacto fiscal.
Añadió que durante 2026 podrían darse nuevos desarrollos. Mencionó que la auditoría de la mina es “un primer paso” para avanzar en el proceso. Y recordó que, en un contexto global incierto, siempre pueden aparecer “sorpresas positivas o negativas”, por lo que estarán atentos a cómo estos factores afecten a Panamá.
En cuanto a una próxima calificación esta puede ser en 12 a 18 meses, pero dijo que Moody’s opera “en un sistema donde hay revisiones por lo menos cada seis meses”. Señaló que una actualización podría darse antes si ocurrieran avances importantes que afecten el escenario base de la calificación.
Reconfirmó que Panamá está en el último peldaño del grado de inversión. O sea, que de haber una baja, ya perderíamos el grado de inversión.
También lo puedes escuchar en https://open.spotify.com/episode/794gJ4SOMqMcdpvvSGd6uk?si=At3AIpqnQrqmu2uIgQvCCw&nd=1&dlsi=249e1b93e5f84808
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