Alma Solis
asolis@noticiasdepanama.com
Tras conocerse que el Estado recibió poco más de US$29 millones en regalías por la venta de concentrado de cobre que estaba en la mina Cobre Panama ubicada en Donoso, quedó planteada una pregunta central: ¿cómo se calculó ese monto? por que no US$100 millones, US$10 millones o 40 millones o todo. En la conferencia de prensa el Ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó solo indicó que el monto era mayor a lo que le correspondia en el caso de aplicarse la ley minera.
Las regalias salen de la operación realizada en septiembre, que generó ingresos totales por US$334 millones. El material vendido había sido extraído y almacenado antes del cierre de la mina.
Ante esas dudas, SNIP Noticias solicitó explicaciones al Ministerio de Comercio e Industrias sobre el origen del cálculo de las regalías entregadas al Estado. La respuesta oficial apuntó a una condición previa: el Ministerio sostuvo que el concentrado exportado se extrajo cuando el Contrato Ley 406 aún estaba vigente, y que por eso ese régimen rige el cálculo.
Pese a que el contrato tuve decenas de irregularidades, y fue declarado inconstitucional, el fallo no restrictivo asi que se aplico esta ley.
Según la entidad, aunque el Contrato Ley 406 fue declarado inconstitucional , el fallo no tiene efecto retroactivo conforme al Código Judicial. Bajo ese argumento, indicó que durante el periodo de vigencia de la ley existió una relación jurídica entre el Estado y Minera Panamá, S.A., de la cual se derivaban obligaciones, entre ellas el pago de regalías por la venta del concentrado.
La Ley 406 establecía un esquema distinto, con un porcentaje de entre 12% y 16% sobre el ingreso neto de la venta del concentrado de cobre, superior al previsto en la legislación minera anterior.
En cuanto a la metodología utilizada, el Ministerio detalló que el ingreso neto se calcula a partir del ingreso bruto de la venta, luego de deducir los costos permitidos por la normativa, como transporte, fundición y comercialización. Sobre ese resultado se aplica el porcentaje de regalías definido en el Contrato Ley 406. La entidad señaló que el monto recibido por el Estado responde a esa fórmula.
En una nota previa, el ministro de Comercio e Industrias había indicado que los recursos provenientes de estas regalías se destinarían a obras de infraestructura y proyectos sociales en comunidades cercanas a la mina, con inversiones anunciadas en distritos como Omar Torrijos, Donoso y La Pintada.
Otro punto que surge de este proceso es el alto costo de mantener la mina cerrada. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el Contrato Ley 406, emitido en noviembre de 2023, la mina suspendió sus operaciones extractivas y de procesamiento y pasó a una fase de preservación y mantenimiento.
El propio Gobierno ha informado que los gastos acumulados de mantenimiento de la operación ascienden a US$360 millones, con un costo mensual estimado de alrededor de US$15 millones que el Estado no va asumir y que la empresa debe seguir pagando.
La pregunta acá es por cuánto tiempo? qué garantiza que no se deje de asumir estos costos y el Estado tenga que salir la rescate o que quede a la intemperie. Recordemos que de los US$334 millones de la venta del concentrado le quedaron US$305 millones y ya han gastado US$360 millones en los dos años de cerrado y aun no hay una definición de cuánto tiempo estará cerrada la mina mientras se espera el resultado de la auditoria y se define su destino.
Sobre este aspecto, el Ministerio indicó que la obligación de asumir esos costos recae exclusivamente sobre la empresa y no sobre el Estado porque está establecida en la Resolución No. 45 de mayo de 2025, que regula la ejecución del Plan de Gestión y Seguridad.
De acuerdo con esa resolución, la implementación y ejecución del plan —que incluye el mantenimiento de infraestructura y maquinaria, la gestión ambiental y las medidas de seguridad industrial— corresponde exclusivamente a Minera Panamá, S.A. El documento establece que en ningún caso el Estado asumirá responsabilidad financiera por los costos y gastos asociados.
Según la respuesta oficial, esta obligación se mantiene vigente mientras el Plan de Gestión y Seguridad esté en ejecución, es decir, mientras continúen las actividades de preservación, control y mantenimiento de las condiciones ambientales y de seguridad definidas por la autoridad competente.
El Ministerio añadió que la empresa ha informado que los ingresos generados por la venta del concentrado de cobre están siendo utilizados para financiar ese plan, sin aporte de recursos públicos.
El gobierno no descarta vender el material que está en la mina para obtener más ingresos. Que a diferencia del concentrado estos materiales no han sido procesados solo extraídos y para poder venderlos tendrían quizás que procesarlo o venderlo de esta forma.
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