Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
El ajuste en los costos de adquisición de vivienda no solo tendría un efecto fiscal negativo —con ingresos estimados de US$37 millones frente a pérdidas de hasta US$95 millones—, sino que también restringiría el acceso al mercado, especialmente para personas con ingresos por debajo de US$1,500 mensuales, que en la práctica quedarían sin posibilidad de comprar vivienda.
Esto lo reveló el estudio Impacto de aplicar el 2% de ITBI a las primeras viviendas, que se basó en data de crédito hipotecario de la superintendencia de Bancos y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC.
Eric Molino Ferrer economista y líder de este estudio, dijo que el análisis plantea que, aunque el impuesto generaría ingresos en un escenario optimista, la desaceleración en la construcción y el consumo implicaría dejar de percibir unos US$131.5 millones en recaudación y solo ganarían 37 millones adicionales , superando ampliamente el ingreso esperado por lo cual seria un a perdida de 95 millones.
Molino Ferrer aclaró que estos números se basaron en escenarios positivos simulando ventas similares a las ocurridas en 2025.
A nivel de acceso, se estima que al menos 462 créditos dejarían de colocarse en el primer año debido al aumento en los costos, sacando a parte de los compradores del mercado hipotecario.
El impacto sería aún mayor en el segmento de interés preferencial, donde el abono inicial pasaría de aproximadamente US$3,000 a US$4,500. Este incremento de US$1,500 representaría una barrera significativa para los compradores.
Para quienes tienen ingresos cercanos a US$1,500 mensuales, reunir ese monto adicional podría tomar hasta 10 meses. En el caso de personas con ingresos por debajo de ese nivel, el análisis advierte que no solo se dificulta el ahorro, sino que directamente quedarían sin acceso a la compra de vivienda bajo estas condiciones.
Además, se proyecta un efecto de desplazamiento de unos 6,700 créditos hacia el siguiente año, debido al tiempo adicional requerido para completar el abono inicial, lo que afectaría la actividad del sector construcción, el empleo y la recaudación asociada.
El resultado sería una combinación de menor dinamismo económico y una reducción en el acceso a vivienda, particularmente en los segmentos de menores ingresos.
Explicaron que uno de los problemas que enfrenta este impuesto es que no es financiable , el banco o la entidad que da el crédito no se lo financia ni al vendedor ni al comprador porque no forma parte del valor del bien que es el respaldo.
Chapman responde
Por su parte, el miércoles pasado 8 de abril mientras se encontraba en la toma de posesión de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá el ministro de Economía y Finanzas Felipe Chapman dijo que no ha analizado el tema del impuesto con el gremio y no ha visto el estudio, espero poder hacerlo y que esta dispuesto a escucharlo pero aclaró que espera ver el análisis que agregue valor que ayude a solucionar el tema con propuestas que no afecte las recaudaciones de impuestos por su puesto que lo a a escuchar.
Recordó que el impuesto existía pero ahora lo que se ha hecho es que no la exoneración que había finalizó.
Sin embargo, al día siguiente al ser abordad por medios de comunicación a su salida de la Asamblea dijo que el impuesto no era nuevo sino que en la reforma de la ley de interés preferencial se introdujeron aumentos en los beneficios y había que escoger entre dos cosas mantener la exoneración y que fuera compatible con el nivel de beneficios a la tasa de intereses preferencial.
“La solicitud fue que se incrementara los beneficios de intereses preferencial especialmente al interior de la república haciendo incompatible con el impuesto” afirmó.
Agregó que se tuvo “forzosamente” que eliminar esa exoneración y que su recomendación inicial fue que no se hiciera eso, pero fue lo acordado.
Convivienda advierte impacto
El presidente de Convivienda, Norberto Delgado, sostiene que el impuesto de transferencia del 2% no es una medida neutra, sino un costo que se paga al contado y que limita el acceso a la vivienda, especialmente para hogares de menores ingresos que no logran cubrir el abono inicial. Advierte que esto reduce la demanda efectiva, afecta la colocación de créditos y desacelera la actividad de la construcción, con impactos directos en el empleo y la economía, por lo que plantea que la vivienda debe entenderse como un motor económico y que este tipo de decisiones debe evaluarse por su efecto integral en el crecimiento y el acceso habitacional.
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