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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves que ha dado instrucción para conformar un equipo interinstitucional que elaborará un informe sobre la realidad técnica, económica y ambiental de la mina establecida en Donoso.
Este equipo interinstitucional estará integrado por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó (quien lo encabezará); de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y de Ambiente, Juan Carlos Navarro.
Mulino explicó la misión de este grupo es consultar las opiniones de expertos en temas jurídicos, técnicos, económicos y medioambientales para determinar el futuro de la mina bajo información clara y objetiva, con datos concretos.
“He sabido lo que la improvisación causó, lo que la falta de información clara generó en la sociedad. Entonces, dando los pasos en el sentido correcto, tendremos un informe concreto y serio”, apuntó el mandatario.
“De la misma manera que se hizo con los puertos, trabajaremos con responsabilidad, escuchando a quienes saben, conocen y tienen experiencia en la materia para tomar las mejores decisiones a favor del país y de su gente”, enfatizó.
En 2023, Panamá vivió una de las mayores crisis sociales de las últimas décadas tras la aprobación de un nuevo contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá para la operación de la mina de cobre Cobre Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón. El contrato fue aprobado por la Asamblea Nacional en octubre de ese año y posteriormente sancionado por el entonces presidente Laurentino Cortizo. La decisión generó un amplio rechazo de distintos sectores de la sociedad, incluyendo sindicatos, organizaciones ambientales, estudiantes, gremios profesionales, empresarios y comunidades indígenas, que cuestionaban tanto el proceso de aprobación como los posibles impactos ambientales de la actividad minera.
Las protestas se extendieron por varias semanas con cierres de carreteras, marchas multitudinarias y afectaciones al comercio y al transporte en distintas regiones del país. El 28 de noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley que aprobaba el contrato minero, al considerar que violaba diversos principios constitucionales. Tras el fallo, la mina suspendió sus operaciones y el debate sobre el futuro de la actividad minera en Panamá se convirtió en uno de los temas políticos, económicos y sociales más relevantes del país.
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