Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
La Camara de Comercio , Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) dedicó su mensaje semanal a hacer un llamado a terminar con el despilfarro en el gobierno, también enviaron un mensaje a la Contraloría General de la República para que cumpla con su rol de audité y fiscalizar, igualmente solicitaron a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) ser proactiva y actuar según se lo exige la ley, no puede esperar a que exploten investigaciones periodísticas para entonces reaccionar y actuar.
«Panamá y sus ciudadanos han vivido dos años durante los cuales sus ingresos se han visto afectados producto de la COVID-19 y las restricciones impuestas para frenarla. Al mismo tiempo, han sido testigos del despilfarro de fondos por parte de un gobierno que no solo evitó hacer lo que solidariamente le correspondía, que era reducir salarios altos, sino que continúa aumentando la ya exorbitante planilla» señala el gremio empresarial actualmente presidido porJose Ramón Icaza Clément
Agregaron que «la última bofetada» en ese sentido lo dieron los Gobiernos Locales, que utilizan fondos destinados a obras comunitarias, para pago de gastos administrativos.
La Contraloría General de la República tiene que cumplir en todo momento con su deber legal de auditar y fiscalizar el manejo que se les dé a todos los fondos estatales, no hacerlo oportuna e imparcialmente, la hace cómplice de estos despilfarros.
Mientras que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) tiene la responsabilidad de ser proactiva y actuar según se lo exige la ley, no puede esperar a que exploten investigaciones periodísticas para entonces reaccionar y actuar.
En cuanto a la ciudadanía, dijeron que es importante mantener una actitud vigilante. En ese sentido, este gremio ha decidido asignar personal especializado para que dé seguimiento a la formulación y ejecución de los presupuestos gubernamentales; así como al uso de los fondos.
Para los empresarios, los tiempos y la realidad financiera -una deuda equivalente al 65% del PIB- exigen racionalizar los gastos estatales favoreciendo inversiones que mejoren nuestras perspectivas de futuro en lugar de comprometerlas.
«Más allá del aspecto financiero, el mal manejo de fondos públicos pervierte el tejido social y profundiza la falta de credibilidad en las instituciones, factores que a la postre podrían pasar facturas que ni el dinero podrá pagar» dijeron los empresarios.
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