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La Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) está pidiendo que se terminen las negociaciones entre el gobierno de Panamá y Minera Panamá de forma urgente para cerrar el contrato que finalmente normaliza la situación.
«Hacemos un llamado urgente a las partes para reconducir la negociación, enfocándose en fórmulas ganar – ganar, a través de las cuales se logre un balance justo que reconozca al Estado lo merecido, y a la empresa un beneficio que tome en cuenta las condiciones y los riesgos asociados a la actividad que desarrolla» señala la nota de la CCIAP.
Agregan que de lo contrario, se corre el riesgo de aniquilar una actividad que representa 3,5% del PIB de Panamá; estando en juego no solo la inversión que el propio Estado promovió, sino el futuro de una actividad económica que, bien desarrollada, puede ser instrumental para los panameños.
El pasado viernes 9 de diciembre el gobierno de Panamá aseguró que las conversaciones para la firma del contrato están estancadas y no han avanzado, esto sucede a pocos días de cumplirse el plazo dado por la parte oficial para que se firme este contrato o, como han afirmado, se tomarán otros medidas.
Cabe recordar que la necesidad de un nuevo contrato se basa principalmente en que la Corte Suprema de Justicia declaró como inconstitucional el contrato ley 9 de 1997 por el cual estaba amparada la operación en Panamá casi una década de firmado y ya en marcha la mina.
Los empresarios ven con preocupación el giro errático que han tomado las negociaciones necesarias para formalizar dicho acuerdo; poniendo de un lado al Estado panameño, quien busca obtener los ingresos justos que le corresponden por su recurso mineral; y del otro a una empresa extranjera que, hace una década, vio a Panamá como un puerto seguro para invertir, realizando la mayor inversión extranjera privada en la historia del país.
«Entendiendo que las negociaciones han sido complejas, los últimos comunicados del Gobierno Nacional nos dejan con más preguntas que respuestas sobre el futuro del proyecto, y las consecuencias tanto económicas como reputacionales que podría afrontar el país en caso de cumplirse la fecha límite sin haber llegado a un acuerdo» dice la CCIAP.
