Alma Solís
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La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), emitió un comunicado en el cual da a conocer que aun no hay consenso en la discusión del proyecto de ley que penaliza la evasión fiscal en Panamá, mientras que el gobierno señala que son pocos los puntos que no han sido consensuados y recordó la importancia que tiene esta ley.
La discusión de este proyecto se retomó la semana pasada luego de estar por más de ocho meses en la Asamblea de Diputados esperando su discusión.
«Como parte de la Mesa Técnica del Sector Privado, establecida para analizar los proyectos de Ley 591 y 692 de 2018, considera necesario establecer ante la opinión pública nacional que no ha sido posible consensuar criterios con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio Público (MP), sobre algunos puntos críticos en materia de defraudación fiscal» manifestó la CCIAP.
Mientras que la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla dijo a SNIP-Noticias que existen unos pocos puntos que tienen diferencias de opinión entre lo que los gremios esperan, pero consideramos que la ley que busca criminalizar la evasión fiscal, promueve la transparencia.
» Es fundamental para elevar nuestra institucionalidad en el pago de tributos al Estado, a la vez que es un compromiso o deuda de Panamá con la comunidad internacional» dijo Varela de Chinchilla También recordó que a propuesta presentada y aprobada por el ejecutivo a finales de 2017, ha sido «ampliamente debatida», por más de un año, 4 meses antes de ser presentada al consejo de gabinete en 2017, y 9 meses después de su presentación durante el 2018.
Entre los puntos que no han podido consensuarse según la CCIAP está lo relacionado con el “umbral establecido para constituir delito de defraudación fiscal” que ha sido establecido en US$300.000.00, sugerimos sea elevado a US$500.000.00.
Sobre este punto, la ministra indicó que la pena de US$300,000 es la más alta que existe, comparativamente hablando, hasta que Suiza. «Este solo hecho, deja fuera del ámbito de aplicación a la mayoría de panameños y panameñas, puesto que evadir impuestos en $300,000 por año es una condición de muy pocos panameños» dijo Varela de Chinchilla.
Agregó que hay algunos puntos que los gremios les gustaría sean modificados que debilitaría la ley a tal punto que ya el objetivo de la misma se perdería.
Los empresarios también señalaron en el comunicado que, en lo relativo a la “exoneración de pena por pago” se eliminó el término sugerido por los gremios de eximir al contribuyente que pague “sin admitir o negar responsabilidad”, concepto que es importante preservar, particularmente para salvaguardar la integridad de instituciones financieras, y su responsabilidad civil en el ámbito local e internacional.
Evasión fiscal como delito y su importancia en la economía panameña
«De igual modo, sobre la fijación de responsabilidad penal al que actúe previendo razonablemente, opinamos que la atribución de responsabilidad por tales conductas debe establecerse mediante dolo de la persona investigada, de manera que la misma haya actuado a sabiendas del acto ilegal imputado» agregaron los empresarios.
La Camara igualmente indica que con respecto a la pena por delito precedente al lavado de dinero, éstas han sido establecidas entre 5 y 12 años, rango que permite que se decrete la detención preventiva de las personas investigadas, por lo cual, tratándose de un delito financiero, recomendamos sea en un rango de 2 – 4 años. En la práctica, una investigación por delito de lavado de activos, con prisión preventiva automática, podría convertirse en una herramienta de persecución política.
La aprobación de esta ley seria de importancia para que Panamá no sea ingresada en una lista de países no cooperantes o lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, la cual tendría consecuencias al sistema financiero y económico panameño.
Varela de Chinchilla recordó que los mal llamados Panama Papers contenían muchos casos de delitos fiscales en otras jurisdicciones que utilizaron estructuras jurídicas; cuando la estructura jurídica es panameña, siendo no crimen en Panama el lavado de activos, impide la cooperación judicial del Ministerio Público con el país que solicite esta cooperación.
Pero los empresario dicen ser conscientes de la importancia que tiene la ley. «Como hemos señalado, no ha sido posible consensuar estos razonables puntos de vista con el MEF y el MP, pese a que estamos conscientes que interpretan los mejores intereses del país» indican. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá reconoce la importancia de legislar y penar la evasión fiscal; así como la relevancia de revisar los puntos señalados por entidades internacionales como el Grupo de Acción Financiera en esta materia, pero pensamos que debe procederse con cautela responsable» finaliza el comunicado.
La ley debe aprobada en este periodo legislativo que culmina el 31 de octubre.
«Las consecuencias, negativas de no aprobarse en este periodo o positivas de aprobarse, para el país recae en la Asamblea Nacional. Para efectos de no caer en lista gris, que ya conocemos sus repercusiones, es imperativo que la discusión culmine en este periodo de sesiones de asamblea, es decir, es clave que sea aprobada antes de finalizar el año 2018» dijo la titular de economía.
