Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
«Y lo que recomienda en una sola frase es un cierre ordenado de la mina de cobre financiado por el propio sitio verificable en cada paso con los intereses de la nación como prioridad y con absoluta transparencia», afirmó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.
«Un cierre ordenado de la mina que se autofinancie y que le deje recursos al país va en esa dirección», sostuvo el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien puso una condición: «Ni un centavo del tesoro nacional para su cierre, señor presidente. Ese costo debe asumirlo íntegramente la operación minera. Sin esa condición no puede haber acuerdo».
«El hueco está ahí, el daño está hecho», dijo el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.
Los tres ministros presentaron al presidente José Raúl Mulino el informe sobre la situación de Cobre Panamá y sus recomendaciones, tras el encargo que recibieron el pasado 1 de julio. La propuesta combina objetivos ambientales, sociales y económicos, pero todavía no constituye una decisión sobre el futuro del sitio.
Moltó señaló que el documento no aprueba ninguna contratación, no compromete recursos del presupuesto nacional ni propone una fecha definitiva de operación. También advirtió que una instalación de esta escala no se cierra en un año ni en cinco y pidió autorizar las condiciones para iniciar un cierre ordenado, sin costo fiscal y sin posibilidad de prórrogas.
Chapman sostuvo que financiar el cierre con fondos públicos supondría una carga extraordinaria durante años y competiría con recursos destinados a pensiones, subsidios y otras necesidades de la población.
Según explicó, el cuido, preservación y mantenimiento se ha sostenido con recursos generados en el propio sitio, primero mediante el concentrado de cobre que ya estaba procesado y luego con el procesamiento de mineral extraído en 2023. El ministro afirmó que este último permanecía a la intemperie y representaba un riesgo ambiental.
El titular del MEF también puso sobre la mesa las reclamaciones en arbitrajes internacionales contra Panamá, por más de US$27,000 millones. Precisó que son montos reclamados, no reconocidos por el Estado, y que los procesos están suspendidos, pero no retirados ni cancelados.
Los seis criterios de la propuesta
Moltó enumeró seis criterios con los que la comisión propone evaluar cualquier decisión:
- Acatamiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia. El ministro afirmó que la decisión de noviembre de 2023 se cumple íntegramente y no está en discusión.
- Soberanía del Estado sobre los recursos y el subsuelo. Los yacimientos siguen siendo de Panamá y la rectoría corresponde al Estado. Lo que se discute, explicó, es quién los trabaja, bajo cuáles condiciones y con qué beneficio para los panameños.
- Ningún costo fiscal. El sitio debe pagar su propio cierre, sin partidas del presupuesto nacional destinadas a esa tarea.
- Transparencia verificable. Las medidas deben tener mediciones, plazos, publicaciones y comprobación por terceros. Moltó anunció que el informe se publicaría en los sitios de los tres ministerios.
- Prioridad para las comunidades, trabajadores y proveedores afectados. La propuesta contempla trabajar con proveedores locales y medir los resultados trimestralmente.
- Supervisión independiente de calidad internacional. Quien opere no debe ser quien verifique, y quien ejecute el cierre no debe certificar por sí mismo que se hizo correctamente.
El impacto en las comunidades
Según las cifras presentadas por Moltó, la operación tenía unos 2,000 proveedores registrados, de los cuales alrededor de 1,500 eran micro, pequeñas y medianas empresas panameñas. El ministro atribuyó a la paralización la pérdida de más de 6,000 empleos directos y alrededor de 30,000 indirectos.
También señaló una desigualdad que, a su juicio, debe corregirse: más de un tercio de los trabajadores procedía de Coclé, pero solo ocho de cada US$100 en compras quedaban en la región.
Chapman planteó que cualquier recurso proveniente de la mina debe administrarse con destinos declarados, trazabilidad y rendición de cuentas. «Por eso no le pedimos a nadie que confíe, le pedimos a todos que verifiquen», expresó.
Por qué está cerrada la mina
Cobre Panamá permanece sin su operación comercial habitual desde finales de 2023. El cierre se produjo tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 406 de octubre de ese año, que aprobaba el contrato de concesión entre el Estado y Minera Panamá. El fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia fue anunciado el 28 de noviembre de 2023.
Desde entonces, el sitio se ha mantenido bajo labores de cuido, preservación y mantenimiento. La recomendación presentada ahora busca definir cómo ejecutar su cierre y financiarlo. Moltó insistió en que corresponde al presidente tomar la decisión con la información del informe.
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