Alma Solís
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Aunque aclararon que su publicación no anuncia una acción de calificación crediticia ni indica la probabilidad de una acción de calificación crediticia en el futuro cercano, si reafirmaron la misma.
«Las calificaciones del gobierno de Panamá, incluyendo su calificación de emisor a largo plazo de Baa3, con perspectiva negativa, se mantienen sin cambios» indicaron.
En el documento Moody’s alertó que los desafíos estructurales y los mayores costos asociados a la seguridad social podrían presionar aún más la calificación si no se adoptan medidas creíbles de ajuste.
Moody’s mantuvo sin cambios las calificaciones del gobierno de Panamá, incluyendo su calificación de emisor a largo plazo “Baa3, con perspectiva negativa”. Destacó que “la calidad crediticia de Panamá se beneficia de un sólido y sostenido crecimiento económico”, pero advirtió que “los indicadores de deuda se deterioraron notablemente en 2024”, afectando la solidez fiscal. Además, señaló que “la dolarización reduce la probabilidad de cambios repentinos en sus indicadores crediticios clave”.
La calificadora espera que “la economía se recupere a alrededor del 4 % en 2025”, tras un crecimiento del 2,9 % en 2024, impulsada por una mejora en la actividad del Canal de Panamá y la inversión en infraestructura. No obstante, subrayó que “el modelo de crecimiento de Panamá, impulsado por la inversión, depende en gran medida del desempeño del sector de la construcción”.
Moody’s alertó que “la situación fiscal del gobierno se deterioró significativamente el año pasado, con un déficit del 7,4% del PIB, el segundo mayor de las últimas dos décadas”, lo que llevó la deuda al 62% del PIB. Indicó que “el gobierno de Mulino se ha comprometido a abordar este debilitamiento fiscal mediante cambios en las políticas”, aunque “será necesario generar consenso con el legislativo”.
Sobre la reforma previsional aprobada en marzo, la agencia indicó que “respaldará la sostenibilidad del sistema previsional durante varias décadas”, pero advirtió que “el gobierno deberá aportar $966 millones (más del 1% del PIB de 2025) a la seguridad social”, monto que “puede aumentar hasta un 4% anual”, lo cual complicará la consolidación fiscal.
A pesar del crecimiento del 9% en ingresos, Moody’s advirtió que el gasto continúa al alza, con aumentos superiores al 20% en intereses y 18% en inversión pública. Como resultado, “el déficit fiscal en el primer trimestre de 2025 fue ligeramente superior, situándose en el 1,6% del PIB”. Finalmente, la calificadora afirmó que “seguiremos monitoreando la capacidad del gobierno para reducir el déficit de acuerdo con sus objetivos de regla fiscal”.
Moody’s sostuvo que el perfil crediticio de Panamá se apoya en la fortaleza económica “baa1”, respaldada por “el tamaño mediano de la economía, las perspectivas de crecimiento moderado y los altos niveles de ingresos”. En cuanto a la gobernanza, resaltó que la calificación “ba1” refleja una adecuada calidad institucional, la gestión eficaz de la Autoridad del Canal de Panamá y los desafíos relacionados con la efectividad de la política fiscal y la transparencia de los datos”. La calificadora también indicó que la fortaleza fiscal “ba2” considera su elevada carga de deuda, una carga de intereses inferior a la de sus pares y un perfil de deuda pública favorable”. Advirtió que la perspectiva negativa responde a “un deterioro del balance fiscal mayor al previsto en 2024 y obstáculos significativos para lograr una rápida consolidación fiscal”, lo que eleva el riesgo sobre la deuda soberana.
Aunque reconoció la disposición del nuevo gobierno a enfrentar los desafíos fiscales, señaló que “las rigideces presupuestarias subyacentes podrían limitar la capacidad de las autoridades para reducir significativamente los déficits fiscales y estabilizar los indicadores de deuda”. Moody’s afirmó que “es improbable una mejora de la calificación dada la perspectiva negativa”, pero esta podría estabilizarse si se adoptan medidas creíbles para reducir el déficit y mejorar la transparencia fiscal. También advirtió que “la presión a la baja sobre la calificación se derivaría de la falta de medidas políticas que probablemente sean eficaces para prevenir un mayor debilitamiento de las cuentas fiscales”, así como de “la materialización de pasivos contingentes derivados de litigios relacionados con el proyecto Cobre Panamá”.
