Alma Solís
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El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo vetó la el Proyecto de Ley 94 de 2019, que adiciona artículos a la Ley 56 de 2008, General de Puertos de Panamá argumentando que este era inconveniente e inexequible.
Igualmente se consideró que esta iniciativa debió ser ampliamente analizada considerando factores tanto nacionales como externo que impactan el desarrollo del sector, el cual es altamente competitivo.
Este proyecto había sido rechazado por los diferentes gremios empresariales, principalmente de los relacionados al sector logístico como la Cámara Marítima de Panamá quienes argumentaban que los acuerdos que se establecieron al analizar este proyecto no fueron respetados e indicando que esta «intromisión» ponía en riesgo los más de 10,000 empleos directos e indirectos de trabajadores de los puertos de Panamá.
Entre los cambios que se contemplaban establecería un nuevo salario mínimo por hora para los trabajadores de las empresas concesionarias, contratistas y subcontratistas de puertos y terminales de transporte marítimo en todo el territorio nacional.
Argumentos
En una carta fechada el pasado 20 de mayo, el mandatario devolvió a la Asamblea el proyecto sin haber sido sancionado, indicando que al analizar su contenido, encontró razones que permiten objetarlo en su conjunto.
Explicó que la actividad portuaria y logística panameña forma parte de un escenario regíonal altamente competitivo, en el que cada uno de sus participantes o actores, tanto del sector privado como gubernamental, han afinado estrategias no sólo para alcanzar nuevos clientes, sino para evitar su migración hacia competidores que les ofrezcan mayores ventajas, en términos de costos, eficiencia y conectividad.
Agregó que los distintos estudios muestran que los puertos panameños de servicio exterior ubicados en los sectores del mar Caribe y el océano Pacífico, ciertamente ocupan un lugar importante con respecto a sus competidores; sin embargo, dichos estudios también revelan el incremento de una feroz competencia a nivel regíonal, particularmente, luego de la ampliación del Canal de Panamá y que esto ha motivado que diversos operadores portuarios adopten medidas para mantener y ampliar su nivel competitivo, adecuando sus servicios a las necesidades del mercado, con la realización de cuantiosas inversiones en equipamiento y en obras de expansión, así como a través de múltiples mejoras operativas y logísticas.
«Soy del criterio que esta iniciativa debió ser ampliamente analizada, considerando no sólo la realidad del país, sino también el mercado y la competencia de los países cercanos, sobretodo porque el sector portuario presta servicios a nivel internacional con altos niveles de. competitividad en la región» dijo Cortizo en la carta a la Asamblea
Además argumentó que la propuesta de Ley desvirtúa completamente los parámetros de seguridad jurídica para las inversiones realizadas en el sector portuario por las empresas a las cuales el Estado les otorgó concesiones portuarias, de ahí que los artículos que se pretenden adicionar a la Ley 56 de 2008 producirían escenarios que se contraponen a los Contratos Ley que enmarcan dichas relaciones.
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