Dulcidio De La Guardia, CFA
El Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) fue creado mediante la Ley 38 de 2012 con una visión de largo plazo y con dos objetivos fundamentales para el país.
El primero consiste en establecer un mecanismo permanente de ahorro para el Estado panameño, permitiendo transformar recursos extraordinarios en patrimonio para las futuras generaciones.
El segundo, y quizás más importante desde una perspectiva financiera, consiste en crear un mecanismo de estabilización que permita al Estado disponer de recursos en circunstancias excepcionales. La ley prevé específicamente dos escenarios: cubrir los costos asociados a un estado de emergencia declarado por el Consejo de Gabinete y atender situaciones de desaceleración económica que afecten significativamente las finanzas públicas.
La lógica detrás de la creación del Fondo es sencilla y poderosa: ahorrar durante los períodos favorables para poder utilizar esos recursos cuando el país enfrente circunstancias extraordinarias. En otras palabras, el FAP fue concebido como una reserva estratégica nacional.
Sin embargo, la pregunta relevante para cualquier fondo soberano no es solamente cuánto patrimonio acumula, sino también en qué activos mantiene ese patrimonio.
El verdadero valor de un fondo de estabilización
La función de un fondo de estabilización no se pone a prueba durante los períodos de normalidad económica. Su verdadera utilidad se mide en momentos de crisis.
Una emergencia nacional, una crisis sanitaria, un desastre natural de gran magnitud o una desaceleración económica severa suelen coincidir con menores ingresos fiscales, mayores necesidades de gasto público y aumentos en el costo de financiamiento del Estado.
Es precisamente en ese momento cuando el país espera que el Fondo pueda convertirse rápidamente en liquidez para apoyar al Tesoro Nacional. Por esta razón, los activos de un fondo soberano deben poseer una característica fundamental: mantener su valor y su capacidad de convertirse en efectivo cuando el país atraviese dificultades.
La composición actual del FAP plantea una interrogante importante
Los estados financieros auditados del Fondo al 31 de diciembre de 2025 revelan que el FAP mantiene B/.1,398.9 millones en Bonos-FAP emitidos por la República de Panamá. Estos bonos representan aproximadamente el 45% del patrimonio fiduciario del FAP, que ascendía a B/.3,084.8 millones al cierre de 2025.
Los estados financieros explican que los Bonos- FAP corresponden a deuda pública de la República de Panamá y que fueron entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas al FAP como mecanismo para cumplir con obligaciones de aportes pendientes por parte del Estado del 2020 al 2023 establecidas en la Ley. Desde una perspectiva legal y contable, la operación está claramente documentada.
Sin embargo, desde una perspectiva financiera y de gestión de riesgos, la situación merece reflexión.
El riesgo de la correlación
La principal función del FAP es servir de respaldo precisamente cuando las finanzas públicas enfrenten presiones extraordinarias.
No obstante, al tener aproximadamente el 45% de su patrimonio representado por deuda emitida por la República de Panamá, una parte significativa de los recursos del Fondo depende directamente de la capacidad de pago del mismo Estado Panameño al cual está destinado a apoyar durante una crisis. Esto introduce un fenómeno conocido en finanzas como riesgo de correlación.
Cuando ocurre una emergencia nacional o una desaceleración económica severa, es razonable esperar que aumenten las necesidades de financiamiento del Gobierno y que los inversionistas exijan mayores primas de riesgo para mantener deuda panameña, tal y como ocurrió durante la pandemia del 2020.
En esas circunstancias, el valor de mercado de los bonos soberanos panameños podría verse afectado precisamente en el momento en que el Estado necesite acceder a los recursos del Fondo. Dicho de forma sencilla, una parte importante del patrimonio del FAP podría perder valor o enfrentar restricciones de liquidez justamente cuando el país más lo necesita.
Una paradoja que merece debate
El FAP fue concebido para reducir la necesidad de recurrir al endeudamiento durante períodos de dificultad económica. Sin embargo, al cierre de 2025, cerca de la mitad de su patrimonio está representado por instrumentos de deuda emitidos por el propio Estado panameño.
Si el propósito de un fondo soberano es diversificar el riesgo del país y constituir una reserva de valor disponible durante las crisis, resulta legítimo preguntarse si una concentración tan significativa en riesgo soberano de Panamá fortalece o debilita esa función.
Una pregunta de política pública
Los estados financieros auditados del FAP reflejan una realidad que merece ser objeto de discusión pública: aproximadamente B/.1,399 millones del patrimonio del Fondo están invertidos en bonos emitidos por la República de Panamá.
¿Debe un fondo creado para proteger al Estado panameño durante emergencias nacionales y desaceleraciones económicas mantener cerca de la mitad de su patrimonio expuesto al crédito del propio Estado panameño?
La respuesta a esa pregunta definirá si el Fondo de Ahorro de Panamá está estructurado para cumplir cabalmente la misión para la cual fue creado o si, por el contrario, conviene abrir una discusión sobre cómo fortalecer su capacidad de actuar como una verdadera reserva estratégica nacional cuando llegue el momento de utilizarla.
El autor Dulcidio De La Guardia, CFA es ex Ministro de Economía y Finanzas y miembro del CICYP
El Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), capítulo de Panamá, es un think tank, comprometido con la defensa de la democracia, la libertad económica, la iniciativa privada y el desarrollo de Panamá. La organización está conformada por empresarios y profesionales de todas las ramas, que de manera voluntaria donan su tiempo, conocimientos y experiencia en beneficio de Panamá. https://cicyppanama.net/
Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad única del autor. No pueden ser consideradas como una posición de este medio
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