Redacción
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La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) suscribieron recientemente un Convenio de Colaboración con la finalidad de facilitar campañas conjuntas de sensibilización para las entidades del Estado, que permitan promover el Programa de Convenios Interinstitucionales, el cual detecta posibles restricciones a la libre competencia y libre concurrencia en las empresas públicas.
Para tal fin, firmaron el convenio Raphael Fuentes G., Director General de la DGCP y Jorge Quintero Quirós, administrador general de la Acodeco. Entre las estrategias a seguir está la realización coordinada de campañas de capacitación conjuntas que promuevan la redacción de pliegos de cargo cónsonos con la libre competencia y transparencia, que eliminen requisitos restrictivos que puedan ser interpretados como selectivos.
Se establecerá una estrategia comunicacional que implica la divulgación y promoción del Programa, con la capacitación entre las partes en materia de colusión, intercambio de información y documentos que permitan identificar posibles actos de colusión. La Acodeco se compromete a hacer Abogacía de la Competencia, difusión, promoción y capacitaciones periódicas en normas y principios de la competencia relativas a la colusión en procesos de selección de contratistas y recursos aplicables.
El administrador general de la ACODECO, Jorge Quintero Quirós expresó su satisfacción por la firma de este convenio que promueve la transparencia en los actos públicos y le permite a la ACODECO intervenir ante posibles actos violatorios o prácticas anticompetitivas, lo que contribuirá a que el Estado obtenga mejores precios, eliminando la selectividad.
La DGCP se compromete a transferir información, brindar asesoría, capacitación a la ACODECO en materia de contrataciones públicas, estructuración del pliego de cargos, procedimientos de selección de contratistas, así como cualquier otro de interés en contrataciones públicas.
El convenio fue refrendado por el Contralor de la República tiene una vigencia de cinco años.
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