Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
Tanto la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y la Asociación Bancaria de Panamá manifestaron su preocupación por la aprobación de la reciente ley que incrementa las pensiones de los jubilados en Panamá y el impacto que esta ley puede tener en el sistema financiero.
Ambos gremios indicaron que aunque reconocen la importancia del contenido de esta legislación conllevaría para el bienestar de los jubilados, el tema que introduce gravámenes a remesas y otros como medida para obtener los fondos que cubrirían estos aumentos.
Según explicó el presidente de la ABP, Carlos Troetsch, esta organización está consciente de la importancia que el contenido de esta legislación conllevaría para el bienestar de los jubilados, pensionados y sus familias, quienes son respetados, apreciados y recibido solidaridad por parte del sistema bancario panameño, sin embargo, tal como fue aprobado este proyecto 621, incrementará, de forma importante, costos de transacción; y requerirá ajustes al Código Fiscal, los que no pueden ser atendidos vía reglamentación.
Por su parte, los empresarios indicaron que les preocupa , específicamente el artículo 4 de este proyecto de ley, al igual que los banqueros, que establece el impuesto del 7% a las remesas panameñas a beneficiarios en el extranjero, tales como remesas familiares, pagos de préstamos a bancos, pagos a suplidores, depósitos a plazo fijo, dividendos enviados a sus sedes centrales, entre otros, atentando así contra la seguridad jurídica de quienes realizan estas operaciones.
“Entre otras cosas -explica Troetsch- este artículo haría que una remesa que hoy día es gravable con el 12.5%, sea gravable, además, con el 7%, como es concebida cualquier repatriación de dinero, es decir, en el concepto que sea causaría el impuesto; y como corolario de lo anterior, remesas y transferencias al extranjero o cualquier dividendo, por ejemplo, serían gravados una segunda vez con el 7%, creando un claro caso de doble tributación, en todas las situaciones, sin mencionar el alto coste y fuga de dinero que esto conllevaría”.
Mientras que Gabriel Barletta presidente de la CCIAP indicó que “No nos oponemos al aumento de pensiones a los jubilados, pero debemos estudiar a profundidad de donde provendrán estos fondos, no se pueden aplicar a la ligera impuestos que tienen impacto sobre la inversión directa extranjera y el sector financiero, sin medir las consecuencias que esto puede tener,” Igualmente, se mostró “preocupado por el impacto laboral que pudiera suponer esta medida en lo que respecta las plazas de trabajo en el sector comercio, banca y de casas de remesas”.
Para la Asociación Bancaria , “se estaría fomentando un mercado negro de remesas, haciendo que se pierda toda trazabilidad y controles de AML”. También enfatizó en que la norma riñe con TdTs firmados por Panamá; a la vez, advirtió que “esto podría acabar con el sistema de capitales abiertos que ha sido el eje de nuestra economía. Tendría consecuencias graves para el crecimiento del sector bancario y del país en general”.
La Asociación Bancaria de Panamá explicó que tal y como quedó redactado dicho artículo, en cuanto al tipo de remesas involucrado, no puede ser arreglado con la reglamentación, por tanto, corresponderá al Presidente de la República vetarlo, para que sea corregido en la Asamblea Nacional y de esa manera se evite una situación difícil con los jubilados, pensionados y sus familiares, así como un daño irreparable al sistema bancario y financiero de Panamá.
Los empresarios están pidiendo al presidente Juan Carlos Varela el veto a la ley.
Además, para la CCIAP, esta medida pone en riesgo el sistema financiero nacional, dado que puede producir una movilización inmediata de capitales, encareciendo así los prestamos a los consumidores y el costo de la vida en general.
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