Alma Solis
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La nueva ley que incrementa las pensiones de los jubilados y que introduce impuestos a las remesas y otros renglones; así como el hecho de no aprobarse una ley que penalice la evasión fiscal podría traer riesgo a la economía de Panamá advirtieron este martes exministros de economía y el gremio de la banca.
En el caso la aprobación del proyecto 621 convierte en ley el aumento de pensiones, advirtieron que esto podría ocasionar un incremento en los costos de los productos y en las transacciones en sistema financiero.
En un encuentro convocado por la Asociación Bancaria de Panamá, analizaron el tema los exministros Dulcidio de La Guardia, Fernando Aramburú, Nicolás Ardito Barletta y Guillermo Chapman y el exsuperintendente de Bancos de Panamá Alberto Diamond. También estuvieron presente Gustavo Villa de la Superintendencia de Bancos y otros miembros de la junta directiva del gremio incluyendo a su presidente Carlos Troetsch.
Chapman explicó que la ley que aumenta las pensiones y pone impuestos a las remesas pone en riesgo los financiamientos internaciones. Según el economista socio del a firma Indesa, Panamá necesita financiamiento del extranjero para las empresas que adquieren bienes y servicios y los hogares, para sus compras, préstamos de viviendas y autos, entre otros.
“Dependemos del financiamiento y concretamente la ley de las remesas pone eso en riesgo porque para que esto funcione necesitamos una economía abierta” dijo Chapman quien agregó que cualquier actividad o impedimento a la salida de capitales pone en peligro ese financiamiento y las inversiones.
Por su parte, Dulcidio de la Guardia indicó que tal como esta redactada la ley que pone impuesto a las remesas se grava cualquier pago que salga desde la República de Panamá al extranjero, eso incluye el pago a todas las exportaciones y bienes y servicios, todo el financiamiento de la economía, por lo cual el mismo atenta contra la libertad de capital lo que calificó como algo nefasto si se llega a sancionar.
En cuanto al proyecto a la discusión en la Asamblea de Diputados los proyectos de Ley 591 y 692 de 2018, que penalizaría la evasión fiscal, el exministro dijo que Panamá tiene que jugar con las reglas del sistema financiero internacional , es por eso que es tan importante la aprobación de la ley de fraude fiscal. Recordó que este es el único país de América Latina que no la tiene penalizada.
En este momento tanto los empresarios como los banqueros, reconocen la importancia de esta ley, pero están en desacuerdo con el actual contenido del proyecto y están pidiendo que se baje la pena que está hasta 12 años para que el máximo sea cuatro así se evita la detención preventiva. También esta pidiendo que se eleve el lumbral de US$300 mil a US$500 mil para que sea considerado evasión fiscal como precedente de lavado de dinero.
De La Guardia, quien hace algunos meses en su rol de ministro presentó este proyecto a la Asamblea, dijo no estar de acuerdo con elevar el monto, pero reconoció que para los fines que se quiere esta ley no es relevante, lo importante es que se penalice y que sea precedente de lavado de dinero.
Caber recordar que Panamá podría caer en una lista de países no cooperantes de organismo como Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) si no penaliza la evasión fiscal.
Carlos Troestch presidente de la Asociación Bancaria- también reconoció la importancia de aprobar esta ley, pero manifestó no estar de acuerdo totalmente con el proyecto por lo argumentos antes señalados y están solicitando estos cambios. Admitió que no está no apoyan el mismo sin las modificaciones.
Panamá tendría hasta el 31 de octubre para aprobar este proyecto de ley porque de no hacerlo podría caer en una lista de países no cooperadores o lista gris del GAFI y salir de ella seria mas complicado. El impacto negativo de estar en esta ley seria similar a lo mencionado por Chapman sobre la ley de las remesas, el costo de los bienes y servicios incluyendo préstamos bancarios aumentaría porque el dinero a los bancos les costaría más.