Alma Solís
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La Cámara Marítima de Panamá pidió al presidente de la República Laurentino Cortizo que vete el Proyecto de Ley N°94 que modifica la Ley 56 de 2008, General de Puertos de Panamá.
El proyecto que fue aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley N°94 que modifica la Ley 56 de 2008, General de Puertos de Panamá, modifica varios aspectos, entre estos, establece un nuevo salario mínimo por hora para los trabajadores de las empresas concesionarias, contratistas y subcontratistas de puertos y terminales de transporte marítimo en todo el territorio nacional.
Manifestaron que esta «intromisión» pone en riesgo los más de 10,000 empleos directos e indirectos de trabajadores de los puertos de Panamá.
El gremio señala que durante meses la actualización de la ley fue revisada por la Cámara Marítima de Panamá con la participación de diversos gremios del país, mediante la colaboración en mesas de trabajo conjuntas con representantes del Gobierno, incluyendo al Ministerio de Trabajo y a los trabajadores, pero los acuerdos y consensos a los que llegaron no fueron respetados.
«El texto aprobado por el pleno no refleja lo consultado y acordado por todas las partes ni obedece a lo consensuado en las reuniones sostenidas esta semana en la Asamblea Nacional, resultando en la incorporación del artículo 75-A que establece un nuevo salario mínimo por hora para los trabajadores de las empresas concesionarias, contratistas y subcontratistas de puertos y terminales de transporte marítimo en todo el territorio nacional» dice la Cámara Marítima.
Agregaron que los salarios mínimos son regulados por el Código de Trabajo de la República de Panamá y revisados periódicamente, por lo que es insólito e inaceptable que se pretenda imponer mediante leyes paralelas modificaciones a los salarios vigentes, lo que representa una distorsión al ordenamiento jurídico nacional.
«Es por ello que solicitamos al Señor Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, vetar el Proyecto de Ley N°94, a fin de mantener el desarrollo y posicionamiento del país a nivel internacional, que requiere de estabilidad jurídica para las inversiones».