Alma Solís
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Una semana después que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le diera a Panamá hasta febrero del 2022 para culminar su plan de acción y no caer en una lista negra, el gobierno de Panamá se pronunció finalmente. Esto después de que se aprobara una nueva ley antiblanqueo de capitales.
De acuerdo con el comunicado Panamá habría reiterado su compromiso con el cumplimiento de las recomendaciones para combatir el blanqueo de capitales y que el ministro Héctor Alexander, titular del MEF, aseguró la voluntad de la actual administración para avanzar en el cumplimiento de los puntos pendientes del Plan de Acción trazado al país.
Sin embargo, esto no bastó y recibieron la advertencia del GAFI, que instó “encarecidamente” a Panamá a completar rápidamente su plan de acción para febrero de 2022. “De lo contrario, el GAFI decidirá el siguiente paso en ese tiempo para el progreso insuficiente» dijeron
Panamá solo ha podido cumplir 7 de las 15 acciones comprometidas. “Quedan por cumplir 8 acciones que requerirán celeridad en su ejecución” como lo señala la entidad.
Entre otras actuaciones ya en marcha, Alexander mencionó el Proyecto de Ley 624, una iniciativa del MEF, que ya fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional y se espera sea promulgada como Ley de la República antes que concluya el año.
Indicaron que el Proyecto de Ley 624 incluye algunas de las recomendaciones , para el fortalecimiento del marco legal de prevención establecidas en el Plan de Acción, como garantizar un sistema sancionatorio disuasivo y proporcional ante el incumplimiento de las normas regulatorias a los sujetos obligados del país, adecuar el acceso apropiado a la información del beneficiario final de personas jurídicas, y la obligación de monitoreo de las actividades de las personas jurídicas.
Además, dijeron que el país ha avanzado respecto a la evaluación de riesgo de personas jurídicas y la Superintendencia de Sujetos no Financieros ha adoptado un plan de supervisión basado en riesgos, que ya ha demostrado importantes mejoras en sectores de alto riesgo, incluidos los agentes residentes.
El ministro Alexander añadió que como muestra del impulso que se está imprimiendo a la persecución de los delitos financieros en Panamá, el incremento de las investigaciones paralelas en cooperación con otras jurisdicciones, y las de alto riesgo, relacionadas con delitos precedentes del blanqueo de capitales, como la trata de personas, corrupción, tráfico de drogas y las remesas de dinero sin control adecuado, ya en manos del Ministerio Público.
El comunicado del MEF también indica que las tareas pendientes, el ministro Alexander apuntó que las instituciones públicas involucradas en la puesta en práctica de las acciones del Plan de Acción y que deben demostrar efectividad son conscientes del avance sustantivo y efectivo que como país deben demostrar en los próximos meses.
