Alma Solís
La empresa calificadora Moodys emitió un reporte este miércoles 29 de noviembre en relación al impacto que tendrá en la economía de Panamá el fallo de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre el contrato con Minera Panamá filial de la minera canadiense First Quantum.
Entre los puntos que destaca la calificadora es que “El fallo del tribunal hace que sea muy probable que el déficit de Panamá excederá la meta de la regla fiscal este año y el próximo, y se corre el riesgo de afectar la confianza de los inversionistas así como las perspectivas de crecimiento de Panamá” señala el documento al que tuvo acceso SNIP Noticias.
“El 28 de noviembre, la Corte Suprema de Panamá (Baa3 estable) declaró que el gobierno contrato con Minera Panamá (propiedad de la minera canadiense First Quantum) inconstitucional, afectando la mina Cobre Panamá de Minera Panamá. La cancelación del contrato es crediticio negativo para el gobierno”.
Igualmente indican que las protestas perturbaron la actividad económica y causaron pérdidas por más de US$1.700 millones de dólares, reduciendo potencialmente el crecimiento del PIB en un 1% en 2023 (antes de evaluar los efectos de las protestas, la previsión de crecimiento era del 6%).
“La consecuencia económica de la controversia contractual puede afectar Panamá a más largo plazo: por ejemplo, la Asamblea Nacional aprobó una moratoria sobre nuevas proyectos mineros” mencionaron.
Impacto en la finanzas Públicas y economía
En el reporte que es de acceso público incluyendo los inversionistas, la calificadora hace un recuento de lo sucedido en el país tras la protestas y la evolución del contrato, el impacto en las finanzas públicas, el alto costo de la deuda y las posibles implicaciones de arbitraje internacional.
El gobierno de Panamá esperaba que con el acuerdo que le daba a Minera Panamá el control operativo de la mina por 20 años (ampliables por otros 20) y acordó pagar al gobierno un mínimo regalías anuales de US$375 millones;
También mencionaron que el presidente Cortizo anunció que una vez que el Ejecutivo reciba el fallo formal del tribunal el gobierno iniciará el proceso de transición para el cierre de la mina y que First Quantum dijo que es dispuesto a renegociar el contrato, pero según Moodys eso puede ser difícil dada la fuerte oposición social a la mina y consideraciones políticas relacionadas con las elecciones generales de mayo de 2024.
“Perspectivas de una producción minera inferior a la esperada, que aumentó al 3,6% del PIB en 2022 desde el 1,5% en 2019 antes de que la mina comenzara a producir cobre mineral, afectaría negativamente el crecimiento” dijeron.
También esperan un posible impacto negativo en la confianza de los inversores reduciría la inversión, mantener el crecimiento del PIB por debajo de nuestra tendencia estimada del 4% en los próximos años.
“El gobierno esperaba que la mina Cobre Panamá se convirtiera en su segunda mayor fuente de ingresos después del Canal de Panamá. Se proyectó regalías de 770 millones de dólares (0,9% del PIB) en 2023, y de US$375 millones (0,4% del PIB) anualmente a partir de entonces.
Advirtieron que sin estos ingresos, el gobierno tendrá dificultades para alcanzar el límite de déficit objetivo del 3% del PIB (en septiembre, el déficit acumulado era del 4,75%) del PIB).
“ A pesar de un presupuesto revisado para 2024 para reducir el gasto proyectado, estimamos que aún es probable que el déficit fiscal supere el 2% de
Techo del PIB para ese año. Además, Panamá enfrenta un fuerte deterioro de la asequibilidad de la deuda y se prevé que los pagos de intereses aumenten consumirán más del 15% de los ingresos en 2024, frente al 14% en 2023 y menos del 10% antes de la pandemia”.
También ven riesgos fiscales adicionales surgen del potencial litigio en caso de que la mina se cierre permanentemente. La mina genera alrededor del 1,5%
de la producción mundial de cobre y sus costos de construcción se estiman en alrededor de US$10 mil millones en los últimos diez años.
“Aunque es demasiado pronto para para determinar si este escenario se materializará, un fallo judicial adverso tras un arbitraje internacional impondría una onerosa carga financiera carga para el gobierno que debilitaría aún más los indicadores fiscales y de deuda” dijo Moodys.
Agrega que “Evaluamos riesgos elevados de gobernanza debido a la menor fortaleza de las instituciones legislativas y ejecutivas y a la efectividad de la política fiscal dada la gestión de la situación por parte de las autoridades, junto con su incapacidad para frenar las presiones fiscales derivadas de un aumento persistente en el masa salarial y el deterioro de las finanzas de la seguridad social. Además, antes de las elecciones de 2024, es más probable que los problemas sociales conduzcan a riesgos políticos que pueden afectar materialmente la formulación de políticas durante la próxima administración.
