Alma Solís
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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó este jueves que no se reformará ni renegociará el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos ni la reciente ley de seguridad social, a pesar de las protestas convocadas en las últimas semanas por diversos sectores sociales.
“Sobre la ley del Seguro Social, está vigente y seguirá vigente; sobre la mina no hay detalle, no hay nada. Sobre el MOU [memorando con Estados Unidos] también ya está decidido, así que esas conversaciones no le veo sustento”, dijo Mulino durante su conferencia de prensa semanal.
Aseguró además que ha dado instrucciones a todo el gabinete para no participar en iniciativas de diálogo sobre esos temas.
Las protestas han sido organizadas por gremios de educadores, estudiantes, personal de salud y miembros del Sindicato Único de la Construcción (SUNTRACS), quienes han cuestionado tres puntos principales: la nueva legislación de la Caja de Seguro Social (CSS), una posible reapertura de la mina de cobre en Donoso y el acuerdo de cooperación en seguridad con el gobierno de Estados Unidos.
Aunque las movilizaciones no han alcanzado los niveles de las de 2023, sí se han registrado cierres de vías y afectaciones en algunas actividades económicas. Los sectores críticos del memorando sostienen que podría comprometer la soberanía panameña y la neutralidad del Canal de Panamá, pese a las garantías ofrecidas por el Ejecutivo.
Mulino defendió el acuerdo, señalando que no contempla la instalación de bases militares ni permanentes ni temporales, y que todas las instalaciones seguirán bajo jurisdicción de Panamá. “La soberanía de Panamá no está en juego, ni se entrega, ni se regala”, subrayó. Explicó que el objetivo del entendimiento es fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el ciberterrorismo.
En un mensaje dirigido a los sectores que promueven las protestas, el presidente expresó: “Entiendo que la lucha contra el narcotráfico a algunos no les gusta y a otros no les importa. No sé cuál de los dos es peor”. También atribuyó las movilizaciones a intereses políticos y económicos.
Mulino recordó que en el caso de la ley de CSS no se aumentaron ni las cuotas n
