Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
El Gobierno de Panamá anunció que se prepara para negociar un nuevo contrato con Minera Panamá, operada por la empresa Canadiense First Quantum, mientras que la empresa comunicó que está abierta a nuevas condiciones contractuales.
Minera Panamá opera una de las más importantes concesiones mineras del país, realizando una inversión $6,700 millones, que constantemente recuerdan que es la inversión privada más grande del país o incluso que lo invertido en la ampliación del Canal de Panamá.
Sin embargo, y como menciona el gobierno en su comunicado «mantiene aspectos legales pendientes por resolver».
Un fallo de la corte suprema de Justicia, 2018, diez años tardío, dejó una situación legal complicada en cuanto a la concesión con la que opera la mina.
Otro de estos aspectos sin resolver estarían relacionados con el tema de los aportes al Estado. De acuerdo con el contrato actual, la mina paga el 2% de regalías, que hasta ahora esto ha significado, $35,051,699.80 millones, según cifras hasta el primer cuarto de 2021. De esa cantidad a los municipios en donde opera, Donoso y Omar Torrijos, les correspondieron $2,628,877.48 millones a cada uno.
EL 2% de regalías, para varios sectores ha sido considerado bajo y se espera que de las negociaciones el país reciba mucho más por la extracción de este mineral.
Una gran realidad es que, esta actividad se ha convertido en un punto importante para la economía de Panamá, en todos los informes sobre la economía panameña, FMI; Cepal o Banco Mundial, por mencionar algunos, señalan como uno de los principales aportes al crecimiento del PIB es el componente que aporta la minería , en este caso Minera Panamá, en su mayoría. Sin embargo, existen aun sectores que alegan que el precio es más alto al hablar de una mina abierta, que podría causar mayores daños al ambiental.
El gobierno ha manifestado su interés que el contrato siga, por la generación de empleos y el impacto económico que produce, pero con mejores beneficios.
El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Ramón Martínez, dijo que lo que buscan es que el país reciba beneficios justos.
Mientras que la empresa indicó que confía en el potencial que tiene el país y recordó la inversión realizada. «Las exportaciones del concentrado de cobre en el primer trimestre del año demuestran que Panamá es un país minero, que ha diversificado su economía nacional».
Agregaron que el impacto económico de la mina Cobre Panamá también se manifiesta en la contratación de alrededor de 1,850 proveedores panameños y en los más de 39,000 empleos formales que el proyecto genera.
«Estamos seguros que para lograr un acuerdo que sea de beneficio para todas las partes, el proceso de renegociación debe sustentarse en el respeto a la seguridad jurídica y el estado de derecho tanto para el país como para la empresa. Confiamos que dicho acuerdo permitirá que Panamá siga atrayendo buenas inversiones y que Cobre Panamá siga brindando un desarrollo sostenible a las comunidades, a los trabajadores y al país» fue el mensaje de la empresa minera.
Negociaciones
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, designó un equipo de alto nivel para negociar todos los aspectos que se derivan de la relación contractual con la empresa. Las negociaciones iniciaran en los primeros días.
El equipo de gobierno estará conformado por los ministros de Comercio e Industrias, quien lo coordinará; de Economía y Finanzas, de Ambiente y de Trabajo y Desarrollo Laboral. También lo integran el doctor Adolfo Ahumada, exnegociador de los Tratados Torrijos-Carter; el licenciado Manuel Orestes Nieto, escritor y diplomático; el doctor Daniel Esquivel, asesor experto en Ciencias Geológicas; la ingeniera Ana Méndez, geóloga; el doctor Marcel Salamín, exembajador de Panamá; el doctor Nils Castro, exasesor del general Omar Torrijos Herrera para Asuntos Internacionales; y el abogado Roberto Ábrego, diputado presidente de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.
También dijeron que el equipo estará acompañado por expertos en asuntos económicos y técnicos ambientales; y contará con el apoyo de asesores internacionales. En los aspectos legales, en el marco de la alianza con el Internacional Senior Lawyers Project (ISLP), se seleccionó a la firma Hogan Lovells, que ha puesto a un grupo de abogados con experiencia comprobada en negociación de contratos, litigios y arbitrajes internacionales.
Para los aspectos técnicos y económicos, la iniciativa CONNEX del G-7 ha asignado consultores de reconocida trayectoria en temas fiscales y económicos de operaciones mineras.
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