Oscar Castillo G. /Opinión
Un tema muy poco tratado en la campaña presidencial es el relativo a las consecuencias para el sistema bancario del proceso que lleva la Corte Suprema de Justicia en relación al fideicomiso de organizado en Banco Nacional de Panamá relacionado con el proceso de Soho Mall. En este momento existe una preocupación legítima en la plaza bancaria porque de darse una situación jurídica adversa contra el Banco Nacional de Panamá por su papel en el fideicomiso se crearía un precedente negativo para los bancos de licencia general e internacional que operan en el país.
Un riesgo que resumo en dos vertientes: riesgo para el sistema y el quebranto de la seguridad jurídica de uno de los sectores más importantes en el desarrollo económico del país.
Comencemos por evaluar el impacto cascada de esta situación en el sistema bancario. Las primeras en prender sus alarmas serán las calificadoras de riesgos por su preocupación ante el hecho de que el principal Banco del país tenga que enfrentar una demanda millonaria que supera sus propios activos.
Y no hablamos, de cualquier entidad bancaria, sino del Banco responsable del pago de la deuda externa del país, pago de todas las planillas y programas estatales, y el administrador de la Cámara de Compensación de Panamá, que es el mecanismo que da vida a las transacciones de todos los bancos del país.
Esta preocupación se contagia rápidamente a las calificadoras que miden el riesgo País, así como aquellas que miden el riesgo de forma particular a cada banco que opere en nuestra mercado.
Este tema de las calificadoras, impactaría en las relaciones de las entidades bancarias, con sus bancos corresponsales, los cuales incrementarían sus medidas de control, a todos los bancos del sistema, no solo contra el BNP. De este modo, se afectaría directamente a miles de clientes, produciéndose un efecto cascada, sin importar, sí son clientes empresariales o ciudadanos particulares.
Este efecto dominó, producto de las medidas que tomarían los bancos corresponsales, a raíz de la presión de las calificadoras, traerían consigo aumentos de las tasas de interés en toda la banca, reducción de préstamos de facilidades crediticias y acceso limitado a préstamos de consumo como, por ejemplo, los préstamos hipotecarios, de carro, jubilados, personales, tarjetas de crédito; entre otros.
En este sentido, de limitarse el acceso a préstamos de consumo, el crecimiento económico del país, iría en detrimento, ya que la banca juega un importante papel en la aprobación de facilidades crediticias, para el desarrollo de proyectos, obras, contratación de personal, etc.
A este escenario, sumemos el segunda vertiente: seguridad jurídica. Cuando hablamos de este concepto nos referimos sencillamente a las reglas de juegos que dan marco legal al desarrollo de la actividad bancaria en el país.
Sí esta eventual demanda condena a un Banco por su actuación, regulada, en la industria fiduciaria, deja sin protección jurídica a las entidades bancarias que utilizan esta figura mercantil en sus actividades diarias con clientes privados y públicos.
El precedente en sí sería un desmotivador para la inversión extranjera. Repercute en la atracción y mantenimiento de la inversión extranjera e inversión local, ya que al no existir reglas claras, es indudable que los bancos internacionales comiencen a considerar mudarse a otros países donde las reglas de juego sean más claras y gocen de un estabilidad jurídica.
La industria, sufre cada vez más presión regulatoria; si a ello añadimos el componente de inseguridad jurídica, se golpearía sin necesidad ni justificación el negocio de banca. El contar con un sistema sólido, garantiza la inversión local y extranjera y permite mantener la estabilidad y desarrollo económico del país.
Sin duda es un asunto al que debemos dar seguimiento y entender en todos sus aspectos las posibles consecuencias en uno u otro caso.
El autor es Financista
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