Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
Este 30 de septiembre Transparencia Internacional emitió un informe que señala que Panamá aun existen proveedores de servicios corporativos que protegen a empresas anónimas y señala algunas dificultades para establecer el beneficiario final.
Según la información los documentos filtrados proporcionaron una gran evidencia sobre el uso de empresas anónimas por parte de políticos, ejecutivos, multimillonarios y delincuentes para engañar al sistema y ocultar fondos adquiridos ilícitamente.
Además indica que «En Panamá, los proveedores de servicios corporativos como Mossack Fonseca son clave ya que sirven como “agentes residentes”. Las empresas extraterritoriales establecidas en Panamá necesitan un agente residente y la obligación de identificar a las personas reales (beneficiarios finales) detrás de las empresas recae en ellos» dice Transparencia Internacional.
Agrega que una vez que estas empresas se incorporan con éxito, las autoridades generalmente no recopilan ninguna información sobre los propietarios reales de las empresas. En caso de sospechas o investigaciones contra una empresa en particular, las autoridades policiales o fiscales tendrían que solicitar información al proveedor de servicios corporativos. Si las autoridades tienen suerte, el proveedor de servicios corporativos divulgará la información de manera oportuna, esta información será precisa y el proveedor no avisará a su cliente mientras tanto.
De acuerdo con transparencia en el caso de Panamá, otras brechas también impactan severamente la eficacia de estas reglas. Por ejemplo, los agentes residentes solo están obligados a recopilar información sobre el beneficiario final al comienzo de su relación con un cliente y no tienen la obligación de actualizar esta información. Las autoridades también deben indicar a los agentes residentes las razones por las que necesitan información sobre el propietario, lo que podría dar lugar a que los agentes residentes avisen a sus clientes.
Añaden que a partir de 2018, solo el 12 por ciento de los agentes residentes estaban registrados para supervisión en la unidad de inteligencia financiera (UIF) . Esto limita la supervisión efectiva y la capacidad de las autoridades responsables para asegurar que los agentes residentes estén cumpliendo con sus obligaciones.
«Cinco años después de los Papeles de Panamá, parece impensable que un modelo tan defectuoso todavía esté vigente en Panamá y que se considere una opción viable en el marco de lucha contra el lavado de dinero de un país».
En el informe indican que luego de cinco años de los «mal llamados» Papeles de Panamá con información filtrada del bufete Mossack Fonseca los gobiernos han recuperado más de US $ 1.360 millones en impuestos atrasados y multas. Las autoridades de todo el mundo continúan investigando casos civiles y penales contra los acusados de lavado de dinero y corrupción.
El pronunciamiento desde Berlín incluye en su contenido un escrito de referencia publicado por Carlos Barsallo presidente de Transparencia Internacional Capitulo de Panamá en 2020 sobre el tema de registro de beneficiarios finales y a otro escrito de la abogada panameña Ivy Solis co autora con Barsallo de un estudio sobre registro de beneficiarios finales en Panamá en 2021.
Barsallo explicó a SNIP Noticias que el estudio demuestra para lo que puede servir si es bien usado. «Para nosotros es el punto más importante: implementar la ley 129 de marzo de 2020 sobre registro de beneficiarios finales lo cual puede ayudar a combatir la corrupción» afirmó.
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