Redacción
La Asociación de Ejecutivos de Empresa (APEDE) emitió un comunicado en que señala que ven con suma preocupación las operaciones de extracción de arena submarina que se vienen desarrollando en la Costa Arriba de Colón y , la solicitud para conceder la operación de una cantera en la región de Tierras Altas en la Provincia de Chiriquí.
Explicaron que la provincia de Colón, en especial su Costa Arriba, mantiene actualmente una oferta turística importante para la provincia y el país, así como gran potencial para un mayor desarrollo turístico y que las operaciones de extracción no metálica cercana a zonas costeras, parques nacionales, comunidades y negocios turísticos generan impactos adversos, tanto a las personas, las especies marinas y playas, así como a la economía local.
Añadieron que en el pasado se han autorizado concesiones para este tipo de extracciones por parte de las autoridades competentes en áreas como Punta Chame y el sector del archipiélago de Las Perlas, con las desastrosas consecuencias que pueden verse hoy en día; zonas erosionadas y disminución de franjas de playa.
En cuanto a la solicitud para conceder la operación de una cantera en la región de Tierras Altas indicaron que tampoco genera un marco adecuado para que esta región del país pueda superar satisfactoriamente los estragos climáticos que ha sufrido en los años recientes y que aún está en fase de recuperación.
«Esta región del país ha sido declarada como destino turístico y requiere que sus recursos naturales sean preservados y potenciados. Una actividad de cantera puede ocasionar estragos al medio ambiente y afectar la flora y fauna de la región, perjudicando así a zonas de productividad, ciudadanos y comunidades, que ya han sufrido graves daños por embates climáticos e inundaciones» Indica el comunicado.
APEDE pidió al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Comercio e Industrias, evalúen nuevamente las concesiones, licencias y/o permisos que han sido expedidos a este tipo de operaciones en áreas de un amplio potencial turístico y de producción. Y a la Autoridad Nacional de Turismo a ejercer un mayor rol fiscalizador, velando por la protección de la oferta turística.