Redacción
Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP) Panamá necesita definir una política minera a través de un nuevo Código Minero, esto en referencia a todo lo sucedido con el contrato entre el Estado y First Quantum para la operación de la Mina de Cobre situada en la localidad de Penonomé.
Los empresarios consideran que este código debe establecer los parámetros especializados para la minería metálica y no metálica de aplicación general, dejando atrás prácticas obsoletas y planteando los mecanismos para llevar adelante una minería responsable, en constante revisión y actualización de cara a la modernización continua de la industria.
También señalan que esta industria no debe ser tomada a la ligera por los riesgos que presenta, los cuales deben ser gestionados efectiva y oportunamente por quienes desarrollen esta actividad, sin escatimar esfuerzos, utilizando mejores prácticas, en estricto cumplimiento con la ley y con una fiscalización férrea por parte del Estado.
Recordaron que las decisiones que se tomaron hace 26 años en materia de minería y el marco regulatorio de 1997 llevaron al desarrollo de la inversión directa extranjera privada más grande de la historia de Panamá. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de Justicia llevó a los actores a una revisión de un contrato cuando ya existía una obra ejecutada. De allí que, en su momento, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) hizo un llamado a una negociación que tuviera por objetivo los mejores intereses del país.
Añadieron que las negociaciones de un nuevo contrato se llevaron a cabo frente a una inversión ya realizada que correspondía respetar, dado que se dio bajo el marco legal de su momento.
El gremio insistió en que de la misma forma, se debe cuidar la economía que se ha creado alrededor de este proyecto, el cual ya ha generado miles de empleos directos e indirectos por lo cual consideraron que la firma del nuevo contrato negociado entre las partes es un paso necesario.
«No obstante, la evolución de las negociaciones del contrato dejó muy claro que Panamá tiene ante sí la urgencia crítica de establecer una nueva, fuerte y adecuada institucionalidad para gestionar un tema con tantas implicaciones sociales, ambientales y económicas» senala la CCIAP.
