Alma Solís
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El Canal de Panamá informó que reformuló el modelo de licitación para el Programa Hídrico, en atención a las sugerencias de las empresas interesadas en el proceso de precalificación para el diseño, construcción y puesta en marcha de un sistema optimizado de administración de agua.
Agregaron que con esto se canceló el proceso de precalificación actual y se informó a las partes interesadas que se revaluarán los términos y condiciones del proyecto para asegurar la más amplia competencia en un próximo proceso de precalificación.
«Las conversaciones con las empresas interesadas durante el proceso de precalificación nos han permitido precisar el nivel de riesgo que están dispuestas a asumir, y con ello, mejorar el proceso de licitación para asegurar el suministro de agua en la cantidad y calidad requeridas para la población y operación del Canal durante las próximas décadas», afirmó el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales.
Desde septiembre de 2020, la entidad inició el proceso para la licitación que es parte de las soluciones que deben implementar para asegurar tener el agua suficiente, tanto para el consumo humano y las operaciones de la vía panameña, la cual trabaja en base a agua dulce. y la cual ha empezado a escasear.
Ahora con el nuevo esquema, el Canal de Panamá dijo que tienen la intención de proveer a los interesados un diseño conceptual del sistema, con el fin de reducir el nivel de riesgo, mejorar los estimados de costos y facilitar la evaluación técnica de las propuestas.
Explicaron que el Programa Hídrico consiste en una cartera de proyectos que proveerá una solución al abastecimiento de agua cruda para más de la mitad de la población del país concentrada en las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste, así como para la operación del Canal, considerando el desarrollo sostenible, los escenarios climáticos y las proyecciones de crecimiento.
El abastecimiento de agua ha sido un reto para la via panameña, que ha tomado varias decisiones como la implementación de medidas como un cargo por agua dulce, que está en vigencia desde febrero del 2020, sumado a prácticas de conservación de agua, puestas en marcha meses antes.
