Eric Molino Ferrer, presidente de CICYP
Habiendo transcurrido más de 18 meses desde las protestas de octubre 2023 vemos que el perjuicio económico ha sido evidente para el país. Pese a que crecimos 2.9%, hay más de 50 mil desempleados e informales adicionales, un desempleo juvenil que alcanza 17.8%, el déficit agregó $6,4 mil millones a la deuda y una morosidad en la cartera de préstamos a MiPyMEs de 38%. Esto sin hablar que el reciente informe de Transparencia Tributaria 2024 de FQM donde muestra que el país dejó de percibir $1,700 millones en 2024 entre pagos a proveedores, salarios y pagos al estado. A esto se le suma la reciente salida de Chiquita de Changuinola que, por la intransigencia de la dirigencial sindical quienes usaron la ley 462 como excusa para negociar otros aspectos de sus contratos, terminó en la liquidación de 5,000 plazas de trabajo. Aún con la abrumadora evidencia del impacto económico y financiero que se han vivido en todos los niveles de la sociedad, existen quienes tratan de minimizar y menospreciar esta situación.
Las redes sociales están repletas de guerreros del teclado e influencers quienes proclaman argumentos como “igual ese dinero no se veía” o “antes igual había falta de [servicio público a, b o c]”. Un discurso que se popularizó cuando salieron un grupo de audaces a decir que no veían los beneficios del Canal de Panamá aun cuando esta institución representa 25% del ingreso corriente del gobierno central. Es claro que con la salida de Chiquita o el cese de operaciones de la Mina tienes proveedores locales vendiendo menos y personas dejan de percibir salarios. Adicionalmente, también el estado deja de recibir ingreso tributario. Esto sin embargo no le parece indiscutible a quienes argumentan que igual con inyección económica, áreas cercanas a grandes proyectos tiene un alto porcentaje de ruralidad. Es lamentable que algunos razonen comentarios individualistas como “yo no veo esos beneficios” cuando no es más que un “que hay pa mí” disfrazado.
Esto muy bien podría analizarse desde una perspectiva institucionalidad reabriendo el debate sobre la descentralización o exigir mayor transparencia en el destino de los fondos públicos. Sin embargo, en esta ocasión, nos enfocaremos en la distorsión entre que es responsabilidad del gobierno y que es la responsabilidad social empresarial.
Por supuesto que existen empresas que, por iniciativa propia, convicción o alineamiento con sus valores, deciden establecer estrategias y programas de impacto social en las comunidades donde ejercen su actividad. Esto, sin embargo, no constituye una responsabilidad o una obligación, ni mucho menos reemplaza ni exonera al estado de su rol en temas sociales. La falta de agua, servicio eléctrico, escuelas mantenidas en buen estado y hospitales equipados son responsabilidad del estado que es fondeado por los contribuyentes. Imputarle a una empresa la obligación de subsanar el descuido histórico a los desafíos sociales de las zonas rurales no solo es un planteamiento sin rigor o sustento lógico, sino que consecuentemente obliga a la pregunta, ¿para qué entonces pagamos impuestos?
No es sorpresa cuando vemos que la salida rápida de cualquier político a esta pregunta suele ser que la recaudación tributaria no es suficiente y aquí yace parte del riesgo país. Las grandes empresas, sobre todo las multinacionales, constantemente evalúan el ambiente político y fiscal del país ya que un país con alto déficit tendrá, tarde o temprano, la presión de aumentar los impuestos. Aquí es donde cálculo político rápidamente propone como chivo expiatorio a las grandes empresas. Aumentarle impuestos a la población quita votos, pero plantear una narrativa de justicia social donde el financiador de proyectos es un tercero es popularmente justificable. Ciertamente, es una lógica cortoplacista y que si es desmedida precisamente aleja y desalienta la inversión llevándose el capital y los empleos a destinos donde no los tratan como victimarios.
Claro está que del otro lado de la moneda la empresa debe siempre seguir el marco regulatorio que rige su actividad y que el impacto social y ambiental que ocasione debe seguir los protocolos de mitigación y compensación que establezcan la ley o los estándares aplicables. No obstante, el descontento, válido, por cierto, resultado de la atención a las problemáticas de día a día que impactan la calidad de vida del ciudadano debe recaer sobre el estado. Es nuestro deber ciudadano y democrático exigirle a nuestras autoridades, locales y nacionales, mayor transparencia y rendición de cuenta para fiscalizar el uso de nuestros impuestos.
El Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), capítulo de Panamá, es un think tank, comprometido con la defensa de la democracia, la libertad económica, la iniciativa privada y el desarrollo de Panamá. La organización está conformada por empresarios y profesionales de todas las ramas, que de manera voluntaria donan su tiempo, conocimientos y experiencia en beneficio de Panamá. https://cicyppanama.net/
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