Alma Solís
asolis@noticiasdepanama.com
A pocos días que termine el periodo ordinario de la Asamblea de Diputados en Panamá, se retoma la discusión del proyecto de ley por el cual se penaliza la evasión fiscal en Panamá.
Esta ley ha sido presentada como crucial para que el país no entre de nuevo en una lista de países no cooperantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) llamada popularmente como Lista gris.
El énfasis en tratar de evitarlo es por las consecuencias que podría traer al país, si Panamá entre en la lista gris podría significar un incremento en los costos de todo lo que se consume en el país ya que el dinero costará más, los bancos pueden perder sus corresponsalías lo que hace que el acceso al crédito se encarecerá tendría que pagarse más por los préstamos y por el envío de dinero para pagar los servicios, como las importaciones de productos, tomando en cuenta que Panamá es un país importador de alimentos, materiales y electrónicos y otros bienes y servicio afectaría gran parte de la economía . También la imagen del país, una vez más, saldrá perjudicada.
El ministerio de Economía y Finanzas de Panamá presentó en el 2017 los resultados de un estudio comparativo sobre el tratamiento penal que se le da al fraude fiscal en América Latina y en países que compite con Panamá.
Con el resultado de este estudio se inicia el debate sobre elevarla evasión fiscal como delito penal y precedente de Lavado de dinero. De 27 países analizados solo Panamá y Bahamas no tiene tipificado el delito como penal y como precedente al blanqueo de dinero son solo tres, al incluirse Uruguay.
El proyecto fue presentado en enero de este año por el entonces ministro de economía y Finanzas, Dulcidio de La Guardia. Sin embargo, solo llegó a debatirse en primer debate. Se tuvieron que hacer diferentes consultas. En varios escenarios y foros la ahora ministra de economía Eyda Varela de Chinchilla aprovechaba para resaltar la importancia que este proyecto fuera aprobado. También los reguladores como el del sector Asegurador, José Joaquín Riesen hace algunas semanas en un encuentro con el sector enfatizó en la importancia que tiene la ley para no caer en la lista del Gafi.
Inicialmente el proyecto contemplaba que la pena fuera de 2 a 5 años, pero en un borrador consensuado por algunas de las partes se estableció que fuera hasta cuatro años. También la multa es menor de hasta diez veces ahora el máximo es tres.
El presidente de la Asociación Bancaria de Panamá Carlos Troestch dijo a SNIP noticias que se había logrado avanzar en el consenso principalmente en temas que garantizaran que la norma no se utilizaría como herramienta políticas.
Tal como parece haberse consensuado, la versión que he leído puede responder la petición del Plan de acción. De acuerdo con Julio Aguirre, consultor financiero en temas de prevención del delito de blanqueo de capitales y normas prudenciales el tema del cómo están tipificando el delito en el proyecto lo debemos analizar en que no es lo mismo evasión fiscal a defraudación fiscal, por lo tanto, debemos entender que ya esto incluye hasta el cuidado en la elusión fiscal.
Aguirre explicó que para los sujetos obligados a declarar, los mecanismos de prevención deberán alcanzar hasta tener la capacidad de entender y conocer la confiabilidad de una factura o documentación de una operación, y que dicha operación no es para ocultar.
También explicó que ya queda concluyente que todas las empresas u otras estructuras jurídicas deben llevar sus registros contables.
“Creo que así como está, tiene un alcance para lo que es asistencia internacional en materia de la transacionalidad u operaciones transnacionales” dijo Aguirre, añadiendo que este punto es importante para los que evalúan a Panamá.
También el abogado panameño Carlos Barsallo en una presentación realizada hace un año expuso sobre el tema, y entre los puntos que no se trata de castigar a quien no puede pagar o quien tiene deudas sino que no lo hace cuando puede hacer. También hizo una reflexión sobre algunos delitos que están actualmente tipificados como penales como vandalizar teléfonos públicos o hacerle daño a una especie en extinción, esto con el objetivo de poner en contexto y reflexionar sobre lo que como sociedad pensamos que debe ser penado y si el fraude, la evasión o el engaño manifiesto en cuanto al pago de impuesto deben ser penados.
El pasado 11 de octubre se incluyó en la agenda de la discusión de la comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea, la discusión este martes 16 de octubre a las 2 de la tarde la discusión del proyecto.
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