OPINIÓN
Por: Margorieth Tejeira
La reactivación y recuperación económica tras la pandemia, sin lugar a duda es el principal reto de la economía, no solo para Panamá sino a nivel global. En ese contexto, se hace necesario impulsar la nueva era de cooperación entre los sectores público y privado para apuntalar la recuperación económica mundial.
Entendiendo que Gobierno, empresa privada y sociedad, en su más amplio espectro, son las tres patas de la mesa que sostiene todo Estado democrático, su sinergia es clave para dejar atrás la pandemia sanitaria y afrontar la nueva pandemia del desempleo, la inflación y la desaceleración económica, que ha tocado a muchos países de la región.
Los retos que impone la recuperación económica no pueden enfrentarse de manera unilateral, con un protagonismo individual, así queda ratificado en la edición de la Revista UNO de LLYC. Urge que gobiernos y empresas abracen el modelo público- privado para impulsar proyectos e iniciativas que inyecten empleo y dinamicen todos los sectores.
En ese sentido, no hay duda de que los proyectos de infraestructura son los primeros candidatos para estrenar las Asociaciones Público-Privadas (APP). Facilitan afrontar los retos de financiación y su ejecución tiene un impacto directo e indirecto en el crecimiento económico, pero, sobre todo, en el desarrollo social de la región que ha quedado aún más rezagada por el impacto que ha representado la Covid-19 más allá de todas las implicaciones de salud.
De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de otros organismos multilaterales, se requiere invertir en proyectos cerca del 5% del Producto Interno Bruto regional para alcanzar niveles de desarrollo de países como Corea del Sur o Japón. Un reto que no se puede lograr de manera unilateral sino trabajando en conjunto y es allí donde el modelo público-privado cobra aún más protagonismo.
En el caso de Panamá, a través de la Ley 93 de 19 de septiembre de 2019 -reglamentada en el Decreto Ejecutivo del 31 de diciembre de 2020-, se creó el Régimen de APP para el desarrollo e incentivo a la inversión privada, el desarrollo social y la creación de empleos.
Para el gobierno, los proyectos APPs representan la oportunidad de acelerar su agenda de proyectos y obras sin los contratiempos y demoras propias de la burocracia estatal. De acuerdo a información del Ministerio de Obras Públicas la inversión en infraestructura vía APPs será de dos mil 500 millones de dólares.
Este modelo implica una nueva forma de diseñar y gerenciar los proyectos públicos y plantea un trabajo a tres bandas, donde el Gobierno/entidad contratante, banca multilateral y empresa adjudicataria se alinean para poner en marcha los proyectos con los mejores resultados y la mayor transparencia.
Un reto, en especial, en el sector infraestructura que a nivel global y local no ha gozado de buena reputación dado los escándalos de corrupción de los últimos años.
Un desafío también para la banca multilateral, que en el caso de Panamá, está siendo el principal propulsor acompañando al Gobierno en la puesta en marcha de la primera generación de APPs con la Ley 93. Aportando desde conocimiento, experiencia, tecnología, recursos y capital para financiar las primeras obras.
Tanto para el Estado como para los organismos multilaterales financiadores, así́ como las empresas ejecutoras, se trata de una puesta en escena nueva, clave de cara al futuro de la aceptación pública de esta fórmula de desarrollo, que bien ejecutada, será de gran ayuda en la reactivación económica a mediano y largo plazo.
Sin duda, podemos estar hablando de la más importante novedad en materia de obra pública en los últimos años en Panamá́. Con la comprensión y el apoyo ciudadano adecuado -basado en resultados claros-, el potencial de desarrollo de las APP puede ser grande.
La autora Margorieth Tejeira, es directora Senior de LLYC Panamá.
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