Alma Solís
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En la próxima reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (ECOFIN), que será en los primeros días de octubre de 2021 Panamá se mantendrá en la lista de paraíso fiscal de la Unión Europea.
El gobierno de Panamá es consciente de este hecho, e indicó que han cooperado con la información requerida y con mayor fiscalización y transparencia.
El MEF dijo que el Código de Conducta comunicó a Panamá que la consecuencia de no expresar compromiso sería la inclusión de Panamá en la Lista de la Unión Europea de Países no Cooperadores en materia fiscal, lista en la cual el país actualmente se encuentra por la calificación de “parcialmente cumplidores” otorgada por el Foro Global, en materia de intercambio de información fiscal a requerimiento.
«La República de Panamá y la Unión Europea (UE), a través de los años, han mantenido un canal de comunicación continua en el que el país ha demostrado su mayor voluntad en cooperar con la información requerida y contribuir con una fiscalidad más transparente y equitativa» dijo el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá en un comunicado.
Agregaron que desde junio de 2021, la UE, a través de su Código de Conducta, comunicó a la República de Panamá que consideraba el régimen fiscal territorial como pernicioso en función de cinco criterios, (1) nivel bajo de imposición; (2) ring-fencing; (3) sustancia; (4) principios internacionalmente aceptados y (5) transparencia.
También aseguraron que ante las consideraciones expresadas, la República de Panamá argumentó sobre la solidez de su sistema impositivo y destacó todos y cada uno de los mecanismos que ha implementado en los últimos años para evitar los posibles riesgos que pudiesen surgir a partir de interacciones entre dos sistemas tributarios distintos.
Entre los múltiples esfuerzos realizados por parte de Panamá se destacaron: la adherencia al Marco Inclusivo de BEPS desde 2016, la implementación de los estándares de intercambio de información fiscal automático y a requerimiento, la implementación de los estándares internacionales para la aplicación de las normas de Precios de Transferencia, el cumplimiento e implementación de los estándares mínimos del Proyecto BEPS, la adecuación legislativa e implementación operativa de cambios sustanciales a los regímenes especiales en la República de Panamá, entre otros.
El Mef indicó que a pesar de los esfuerzos realizados y de la argumentación sustentada por parte del país, el resultado de la evaluación por el Código de Conducta concluyó en considerar el sistema fiscal de la República de Panamá como pernicioso y se solicitó que el Gobierno Nacional expresara su compromiso del más alto nivel técnico y político para realizar todas las modificaciones normativas necesarias antes del 31 de diciembre de 2022 y que su implementación iniciase a partir del 1 de enero de 2023.
«La República de Panamá, como Estado soberano, confiado en los esfuerzos que han sido implementados a través de los años y considerando que cualquier modificación al régimen fiscal territorial debe ser el resultado de un estudio exhaustivo que contemple el impacto que representaría para la nación, decidió no acceder a dicho compromiso» puntualizaron.
