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El gobierno de Panamá, a través del voto a favor del presidente d Juan Carlos Varela, acogió el “Compromiso de Lima”, que consiste en una serie de medidas anticorrupción surgidas en la recién concluida VIII Cumbre de las Américas y que serán adoptadas por los gobiernos de América.
Le corresponderá a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), impulsar las normas jurídicas necesarias para su cumplimiento en el país.
El “Compromiso de Lima” establece entre sus objetivos que:
- Fortaleceremos las instituciones democráticas, autonomía e independencia judicial para la prevención y combate de la corrupción en el hemisferio.
- Reforzaremos el papel de la educación en valores democráticos y cívicos para prevenir la corrupción.
- Fortaleceremos los órganos de transparencia y acceso a la información pública sobre la base de las mejores prácticas internacionales aplicables.
- Promoveremos el uso de nuevas tecnologías que faciliten el gobierno digital, la transparencia fiscal, la participación ciudadana, además de impulsar un Programa Interamericano de Datos Abiertos.
- Protegeremos a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción; así como el trabajo de periodistas y personas que investigan estos actos.
- Fortaleceremos medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de los partidos políticos, principalmente, de sus campañas electorales.
- Promoveremos el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas, a fin de asegurar la transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva rendición de cuentas.
- Implementaremos las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para prevenir y combatir el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros.
- Promoveremos la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno internacional.
- Profundizaremos la participación de nuestros Estados en las redes e iniciativas multilaterales contra el lavado de activos, a través de la prestación de la más amplia y pronta asistencia en la identificación, rastreo, embargo preventivo confiscación, decomiso y recuperación de activos.
