Panamá no es un destino mundial para la evasión fiscal

Adrian Jimenez C., abogado

El nacimiento de las sociedades anónimas se dio en Holanda, a comienzos del siglo XVII. Su origen se encuentra en las compañías coloniales, la primera fue la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602.

Desde entonces, a nivel mundial en diferentes jurisdicciones ha tomado auge el derecho societario para la creación de sociedades offshore o bien, empresas que están registradas en un país en el que no desarrollan su actividad económica.

Las sociedades offshore son un instrumento mercantil amparado por las leyes de los diferentes países, con el fin de cubrir necesidades específicas de empresas o ciudadanos de todo el mundo. Cada país establece sus normas para aplicar el derecho societario y es un servicio que se presta en Costa Rica, Chile, Países Bajos, Uruguay y en los estados norteamericanos como Delaware, Montana, Nevada y Wyoming, entre otros.

Sin embargo, desde hace aproximadamente seis años, Panamá ha servido de chivo expiatorio para los destinos de transacciones ilícitas, cuando en verdad, las estadísticas y los análisis internacionales demuestran que las muchas acusaciones que nos lanzan no tienen fundamento, dado que el problema no radica en nuestro país. Los fondos que se persiguen no están depositados en Panamá, sino en otras jurisdicciones.

Pese a que Panamá claramente no es un destino mundial para la evasión fiscal, en los últimos años se ha evidenciado un sobre enfoque en querer responsabilizar a nuestro país de la evasión fiscal a nivel global.

A través de una serie de publicaciones, se insiste en seguir condenando a Panamá en opinión pública por delitos inexistentes. Particularmente, no deja de ser paradójico que al señalar a la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), en esas mismas publicaciones se deja constancia de que la firma, en los casos necesarios, ha tomado las previsiones que exige la ley, desde las alertas a las autoridades, en los casos que lo ameritaban, hasta la renuncia sobre las sociedades cuyos responsables se negaban a cumplir con los requisitos de transparencia.  Esto ha sido reportado por medios a nivel internacional.

Por otro lado, Panamá ha liderado en los últimos años múltiples acciones para fortalecer la transparencia de su sistema tributario, fiscal y su lucha contra el blanqueo de capitales.

En 2015, por ejemplo, Panamá aprobó la Ley 23, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer nuestro sistema financiero contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo y en 2016 entraron en vigor nuevas normas que limitan el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas. Con esas leyes, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deben entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros.

Sumado a esto, en el año 2019 se tipificó la evasión fiscal como un delito, precedente al blanqueo de capitales mediante la Ley 70 y se tipificó la transferencia de dineros comerciales sin licencia mediante la ley 123 y se han firmado más de 16 Tratados para evitar la Doble Tributación y nueve Tratados de Intercambio de Información Tributaria, con países de Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina.

Además, Panamá ha aprobado siete leyes que incluyen nuevos delitos, así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios, con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado de nuestro centro financiero.

Recientemente, entró en vigor la Ley 254 que introduce adecuaciones a cinco legislaciones en materia de transparencia fiscal internacional, de prevención del blanqueo de capitales, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero más allá de aprobar leyes, Panamá ha demostrado su firme compromiso con la transparencia ejecutando lo que exigen las normas internacionales.

Esto es solo un recuento que, si bien no hace justicia a los esfuerzos de Panamá en materia de transparencia financiera, demuestra con hechos tangibles que este es un tema de Estado y que ningún país ha hecho tanto como Panamá en los últimos años en favor de la transparencia fiscal.