Alma Solís
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El 21 de junio, El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reingresó a Panamá a su lista de países con deficiencias en los regímenes contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo, un hecho que la calificadora de riesgo Moodys no pasó por alto.
De Acuerdo con Moodys el regreso de Panamá a la lista aumentará el escrutinio de la comunidad financiera internacional y sus interacciones con las instituciones financieras panameñas. Los más afectados serán las relaciones que estos bancos tienen con sus bancos corresponsales, y el aumento resultante en presión sobre los costos operativos de los bancos.
“La colocación de Panamá en la lista es un desarrollo de crédito negativo para los bancos panameños offshore financiados principalmente por inversionistas extranjeros. Estos bancos están más expuestos a cambiar el precio y refinanciar el riesgo que los bancos con operaciones nacionales que son financiados por clientes locales” indica el reporte de Moodys.
Además de aumentar la presión negativa sobre la rentabilidad de los bancos, Panamá que regresa a la lista del GAFI tiene el potencial de limitar eventualmente los esfuerzos de desarrollo de negocios de los bancos, ya que algunas instituciones financieras internacionales reducen sus interacciones con los bancos panameños y otras compañías financieras.
Recordaron que debido a que el sistema financiero panameño está totalmente dolarizado, un deterioro en las relaciones de los bancos con las instituciones financieras internacionales tendría consecuencias negativas significativas en las actividades de financiamiento de los bancos panameños, en particular las instituciones extranjeras.
“Esto tiene el potencial de desencadenar efectos de contagio en las operaciones de los bancos en tierra y otras actividades económicas en Panamá” dijo Moodys.
Reconocieron que desde 2014, las autoridades panameñas han tomado medidas para fortalecer el marco regulatorio del país, particularmente en lo que se refiere a asuntos financieros y fiscales. Panamá recientemente aprobó una nueva ley fiscal y ha mejorado las normas de información financiera del país. El país también trabaja con supervisores financieros internacionales en un esfuerzo por evitar tener la reputación de un país con normas regulatorias débiles.